Se refuerzan los requisitos de adopciónLa Ley de la Infancia sacará el móvil de las aulas

Se trata de una normativa que incluye algunos aspectos novedosos y pioneros en cuestiones como la adopción, ya que contempla como requisito para poder adoptar no tener antecedentes penales relacionados con la seguridad vial con menores. O que, por primera vez, se distingue entre niño y adolescente, que repercutirá en la forma de utilizar los recursos de protección en los centros de acogida.

La directora general de Familia, Menores y Protección Social, Silvia Valmaña, aseguró ayer a ABC que se trata de una normativa «muy necesaria» puesto que la actual ley del año 1999 se ha quedado, en muchos aspectos, obsoleta, y quiso destacar la alta participación de numerosos colectivos y expertos en su elaboración. «Se ha tenido en cuenta la opinión de jueces y fiscales, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha o entidades que trabajan con los menores, como Aldeas Infantiles o Accem».

«El objetivo fundamental es reforzar la protección de los menores, niños y adolescentes, y la ley dota de nuevas herramientas», indicó Valmaña.

Pero la ley no sólo regula los derechos de los menores, también sus deberes. Y en este apartado tienen especial protagonismo las nuevas tecnologías. Así, la futura ley establece deberes de los niños y adolescentes en relación con el uso responsable de estos dispositivos y recursos, como un mecanismo de autoprotección, y con el fin de que aprendan a hacer buen uso conociendo sus consecuencias. En el ámbito familiar serán los padres los responsables de poner los límites y en el educativo se da libertad a los colegios para que regulen su uso. Según indicó la directora general, con carácter general, el colegio no es el lugar adecuado para que los dispositivos de comunicación estén operativos, además, «se evitan riesgos, como la difundir situaciones de violencia, y se está reforzando la autoridad de los profesores».

También la ley considera en su texto un «tercer perfil» de protección para aquellos menores o adolescentes que presentan dificultades graves para la convivencia. Así, se regula la conducta inadaptada, sobre todo en los casos en los que hay un grave riesgo para la convivencia de la familia, teniendo en cuenta un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante, la violencia de hijos a padres.

Por otro lado, se reconoce a los menores derechos como tener relación con los abuelos, hermanos u otros parientes, siempre que sea beneficioso para sus intereses.

En relación a la adopción, la futura Ley de la Infancia y la Adolescencia va a ser pionera al contemplar como requisito para optar a ella que los padres no tengan antecedentes penales relacionados con la seguridad vial con menores.

Silvia Valmaña fue muy clara en este aspecto. «Hasta ahora se exigían unas garantías generales a los padres para asumir esta responsabilidad. Por ejemplo, una persona condenada por abusos sexuales no podía optar a una adopción». Ahora, la nueva Ley considera que conductas tan imprudentes como no llevar a los niños debidamente sujetos en los vehículos o conducir en estado de embriaguez, tienen la suficiente gravedad como para descalificar a los padres a la hora de adoptar.

«Hay que tener en cuenta que la adopción es una forma de proteger a los niños; no es sólo un derecho o una aspiración; es un mecanismo de protección y queremos los mejores padres para los niños», insistió Silvia Valmaña.

Es novedoso y repercutirá en la forma de gestionar los recursos, la distinción entre niño -los menores hasta 13 años- y los adolescentes -desde los 14 años hasta su mayoría de edad o emancipación legal-.

Una vez que ayer se elaboró el dictamen de la ley, que salió adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, tras el rechazo de 40 de las 43 enmiendas del Grupo Socialista, ahora deberá ser debatida en el Pleno de las Cortes para su definitiva aprobación, y desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se confía en que antes de que finalice el año pueda estar aprobada.

Su aprobación no implicará una modificación del presupuesto en Asuntos Sociales, porque, según la directora general, muchos de los programa que contempla la normativa ya se han puesto en marcha como experiencia piloto.

Desde el PSOE, la diputada Matilde Valentín proponía ayer la paralización de la tramitación de esta ley a expensas de que se apruebe la nacional sobre el asunto, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, al considerar que pueden surgir problemas de seguridad jurídica y chocar la legislación autonómica con la estatal. Sin embargo, la ley vigente en la región se aprobó en 1999 y la estatal se hizo en el año 2000.