Los «graves errores» de la Ley de Transparencia del Gobierno

Una vez conocido el anteproyecto legislativo, varios de los expertos consultados rechazan una ley de transparencia descafeinada que no se ajusta a los parámetros europeos, y alertan de los «graves defectos» del anteproyecto de esta norma. Algunos consideran que estas deficiencias podrían impedir que España ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos , por no cumplir con algunos de los mínimos establecidos en la convención marco.

Con el objetivo de concienciar de la importancia de lograr un texto consensuado y a la vanguardia en esta materia, Access Info Europe —asociación de defensa del acceso a la información con base en Madrid, miembro de la Coalición Pro Acceso y vinculada al Open Society Institute— organiza hoy en la Universidad Complutense de Madrid unas jornadas, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber (ver programa ).

La directora de la ONG, Helen Darbishire, señala varios puntos defectuosos del anteproyecto —del que han logrado una copia filtrada ante la reiterada negativa del Gobierno a facilitárselo— cuya modificación considera imprescindible. Para este colectivo, la definición de información que contiene la ley es «muy limitada» y no asegura «la participación pública en la toma de decisiones y para poder mantener el control del Gobierno». El proyecto excluye de la definición de «documento público» las «estadísticas públicas», los «archivos históricos» o las «notas, borradores, resúmenes e informes».

La norma excluye además de su ámbito de aplicación los documentos de los poderes judicial y legislativo, con lo que órganos como el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas o el Constitucional no quedarían sometidos a ella, alcance éste al que no obliga la convención europea, por otra parte. Además, «si una entidad tiene su propio régimen específico, la nueva normativa no se aplicará, cuando lo lógico sería que prevaleciera sobre la anterior», advierte Darbishire. Asimismo, «los solicitantes no tienen la posibilidad de recurrir al mismo órgano que les denegó la información», sino que deberán acudir a la rebautizada Agencia de Protección de Datos y Acceso a la Información.

Los expertos -pese a que reconocen ciertos aspectos positivos en la nueva legislación, como que todas las personas podrán solicitar información sin necesidad de motivar sus peticiones- critican unos plazos «excesivos» que pueden demorar más de dos meses la respuesta al ciudadano. El tiempo que tienen las instituciones públicas para contestar es de 30 días, pero puede alargarse a más del doble, cuando la media europea es de 15 días. A esto se suma que «no se facilitan los recursos contra el silencio administrativo.

En vista de la negativa de la vicepresidenta María teresa Fernnández De la Vega a promover un debate al respecto —tal y como es habitual en otros países con normativas de transparencia— la asociación Access Info Europe ha decidido abrir una consulta pública a través de su página web. La consulta pública iniciada por esta asociación no es rara avis, sino todo lo contrario. Toby Mendel, director ejecutivo del Center for Law and Democracy en Canadá, detalla ejemplos de gobiernos extranjeros que se abrieron a la participación ciudadana para «enriquecer» el texto final.

« En Reino Unido —que adoptó la ley en 2000— se publicó un libro blanco» para explicar la legislación a la población, «que durante dos meses pudo proponer sugerencias que los responsables las escucharon ». En Canadá la norma se aprobó en 1982 y «recientemente hemos tenido discusiones con el Gobierno para modificarla, abiertas a todo aquel que estuviera interesado». «Así debe tratarse realmente este tipo de leyes en democracia», reitera Mendel.

Eduarto Bertoni, relator especial para la Libertad de Expresión en la Organización de Estados Americanos, recuerda que «en Argentina, el primer procedimiento entre 2002 y 2005 fracasó porque en algunos sectores del Congreso había resistencia a abrir la discusión».

Darbishire confía aún en lograr que el Ejecutivo rectifique y siga los consejos del ex ministro de Información de Suráfrica, Ronnie Kasrils, quien el pasado mes entonaba el mea culpa en un artículo por no haber permitido «erroneámente, las consultas a expertos antes de presentar la ley al Consejo de Ministros y al Parlamento».