La UE tiene en el punto de mira a ChatGPT: ¿es posible que prohíba la inteligencia artificial?

La inclusión de ChatGPT en el orden del plenario anunciado por el EDPB se produce a instancias de una solicitud presentada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según ha explicado a este periódico, la Agencia «considera que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de un marco de coordinación y armonización englobado en el Reglamento europeo». Es decir, el objetivo es que los 27 estados que componen la UE actúen de la misma forma.

«Es de esperar que el Comité solicite más información a OpenAI sobre la herramienta«, explica en conversación con ABC Borja Adsuara, jurista experto en protección de datos. El abogado remarca que, para ofrecer servicio en la UE, la compañía debe contar con un representante a nivel europeo que se someta a la legislación, cosa que, hasta el momento, no se cumple. »Hay que decir qué haces con los datos, si se ceden a terceros y demás. Básicamente, cumplir con el reglamento. Se le debe pedir lo mismo que al resto de tecnológicas«, zanja.

El hecho de que OpenAI no cuente con representación en la UE provoca que los estados solo puedan bloquear el acceso a la herramienta y no puedan multar a la empresa, tal como ha ocurrido con tantas otras tecnológicas norteamericanas durante los últimos años. «El Comité Europeo podría tratar el bloqueo de ChatGPT. Pero no tiene competencias para hacerlo directamente. Son las distintas administraciones (pertenecientes a cada estado) las que tendrían que abrir los correspondientes expedientes sancionadores», apunta Adsuara.

Por lo tanto, el Comité podría llegar a la conclusión de que ChatGPT debe ser bloqueado en suelo comunitario, pero son los distintos estados los que deben llevar a cabo el procedimiento para ello.

Sea como fuere, los problemas para OpenAI no solo se están produciendo en la UE. Tanto Estados Unidos como China están comenzando a dar pasos enfocados a la regulación de los generadores de contenido basados en inteligencia artificial. Es decir, de todas esas herramientas que son capaces de crear textos, audio o vídeo a partir de un puñado de palabras escritas por el usuario.

Esto podría llevar a que, en el futuro, estas herramientas deban ser testadas por expertos externos antes de su lanzamiento al público, que es precisamente lo que solicitaban hace escasos días más de mil empresarios, académicos y humanistas en una carta abierta. China, por ejemplo, recoge este punto en la propuesta de normativa que tiene elaborada y que, se espera, entrará en vigor antes de la finalización de 2023.