Redes sociales: donde el anonimato es más rápido que la Justicia

Este es el último caso de insultos, amenazas, vejaciones o lesiones contra el honor en internet que ha saltado a los medios de comunicación. Afortunadamente, será relativamente fácil de resolver, porque el autor tiene nombre y apellidos. No obstante, en muchos otros casos las redes sociales se convierten en plataformas utilizadas por ciudadanos para insultar y amenazar gravemente –y con publicidad– desde la impunidad que otorga el anonimato.

Ese es precisamente el principal problema que se encuentran los juzgados españoles, donde, según fuentes consultadas por el diario ABC, la mayoría de los casos de ese tipo acaban archivados por «falta de autor conocido». Porque… ¿qué sucede cuando el agresor escribe un comentario injurioso desde un ordenador ubicado fuera de España o a través de una plataforma que da servicio desde el extranjero? ¿Cómo atrapar a ese delincuente si, además, probablemente esconda su identidad en un perfil falso o inventado?

Los expertos consultados aseguran que el problema no está en la legislación española, pues protege «sobradamente » al ciudadano. «La regulación es impecable», asegura Carlos Gómez de la Escalera, profesor de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid y exletrado del Tribunal Constitucional. El problema no es, por tanto, la normativa, sino las trabas que encuentran los investigadores cuando tratan de localizar al titular de una cuenta desde la que se ha podido cometer un delito o una falta.

«Es un problema de prueba», dice Marcelino Sexmero, titular del juzgado 4 de Plaza de Castilla (Madrid). Según su experiencia, la mayor dificultad en este tipo de casos es averiguar quién es el autor, sobre todo cuando las empresas están fuera de España y se necesita recurrir a ellas ante la imposibilidad de identificar a la persona agresora.

Por eso, la Guardia Civil y la Policía aconsejan que al presentar una denuncia se refleje «de forma cronológica todo lo que ha sucedido u observado» y se aporten «todos los documentos, archivos, etc. que acrediten los hechos denunciados». «Los documentos electrónicos deberán ser entregados en formato digital, copiados en un CD o DVD, ya que los documentos impresos no tienen valor de prueba», explica el teniente Ángel Flores, del Cuerpo de Delitos Tecnológicos.

Aunque asegura que «prácticamente no hay nadie anónimo en la red», reconoce que «existen casos puntuales con mayor dificultad en su investigación». A modo de ejemplo, fuentes de la Brigada de Información Tecnológica (BIT) de la Policía explican que «si el usuario sólo ha enviado un tuit y desaparece, es casi imposible dar con él». Pero si la cuenta es activa, «revisamos toda la información que publica y datos, así como su presencia en otras redes sociales». Y así es como dan con él.

Miles de empresas En muchos casos, la investigación necesita de la colaboración de empresas tecnológicas como Twitter, Facebook o Microsoft. «Trabajamos con miles de empresas de tecnología. Hay de todo. Cuando tienen una representación española no hay problema y se puede conseguir la información. El problema llega con las extranjeras. Algunas de ellas alegan que se ciñen a la legislación de sus países, ya sea Estados Unidos, Rusia o China, y se complica la investigación», explican desde la BIT.

Y ahí es donde la investigación entra en barrena. Si un juez quiere seguir tirando del ovillo, debe solicitar formalmente información a las autoridades del país afectado. Si en escándalos mayúsculos que investigan delitos graves –como la fortuna de Luis Bárcenas o el fichaje de Neymar– las autoridades suizas tardan semanas, incluso meses, en responder, si es que lo hacen, ¿qué se puede esperar si la información reclamada es para perseguir delitos menores o, incluso, faltas?

Desde que se piden los datos hasta que llegan lo más probable es que el asunto haya prescrito. Sinead McSweeney, directora de políticas públicas de Twitter en Europa, defiende a su empresa, que recomienda usar sus herramientas para bloquear a usuarios molestos o reportar tuits que consideren violentos. «Ofrecemos las directrices para la aplicación de la ley en nuestro sitio web, que describen nuestras políticas; y emitimos un informe de transparencia cada seis meses con el número de solicitudes que recibimos por país y el porcentaje con el que cumplimos».

Por todo ello, el profesor Gómez de la Escalera sugiere la creación de un sistema que acorrale al anonimato: la exigencia de identificación de los usuarios que utilicen las redes sociales o escriban comentarios en una web. Cuando un periódico tradicional, por ejemplo, publica una carta al director de un ciudadano, exige su DNI como garantía. «Pero reconozco que es muy difícil poner puertas al campo», asegura el profesor, porque en juego está otro importante derecho constitucional, que también merece una especial protección: la libertad de expresión.

Hace algunos días, la red social Twitter desactivó la cuenta del responsable de redes del Partido Popular de Valencia tras recibir un aluvión de críticas por publicar un fotomontaje de mal gusto. Este es un ejemplo de la acción que puede tomar la red social por su cuenta ante el comportamiento inadecuado de sus usuarios.

«Tenemos reglas claras sobre lo que es y no es aceptable en nuestra plataforma», explica a ABC la directora de políticas públicas de Twitter en Europa. «Hay más de 500 millones de tuits cada día, así que no podemos moderar de forma proactiva el contenido. Sin embargo, cuando se reporta y encontramos una brecha en nuestras reglas, podemos tomar acciones: desde advertir a un usuario o suspender una cuenta», dice.