Cómo evitar que los partidos recopilen tus datos para mandarte «spam» político

Una especie de «Gran Hermano político» que favorecerá al desarrollo de prácticas similares a las de la consultora Cambridge Analytica , que puso patas arriba Facebook al desvelarse cómo se aprovecharon de los datos personales de los usuarios de esta red social para intentar influir en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un escándalo que ha levantado ampollas en la multinacional americana, que vive su segundo año negro.

Frente a esta posible situación, un grupo de expertos en derecho digital y juristas especializados en la materia han unido sus fuerzas para crear un formulario para que cualquier ciudadano pueda defender su derecho a la oposición. Una iniciativa en la que también trabaja la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el regulador español de este sector. La propuesta es solicitarle abiertamente a los grupos políticos que les den de baja de la base de datos. Para ello, tan solo hay que rellenar el formulario y entregarlo a entregarlo en las sedes de los partidos políticos, aunque también es posible realizar esta operación a través de un mail al delegado de protección de datos de cada grupo político.

A través de este formulario, abierto al público y descargable en formato PDF , cualquier ciudadano puede informar a los diferentes partidos políticos su deseo expreso de no recibir mensajes políticos en sus aplicaciones de mensajería o buzones de correo electrónico. Una propuesta que viene a poner herramientas de defensa al artículo 58 bis recogido en la LOPD que regula la «utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales».

La controversia reside en que, mientras que las exigencias europeas en materia de protección de datos obligan a las empresas a a informar claramente y recabar el consentimiento explícito de los ciudadanos, bajo una posible sanción económica, los partidos políticos en España s e han blindado con la excusa del «interés general». De tal forma que están exentos de lo que se obliga a las empresas privadas.

«El problema no es la propaganda electoral, sino la mera existencia de esas bases de datos», explica en declaraciones a este diario Borja Adsuara , experto en derecho digital y uno de los impulsores de esta iniciativa. «Por eso hay que pedir el acceso a los mismos (para saber cuáles tienen y cómo los han obtenido) y su supresión. Y oponerse a que los partidos políticos recopilen tus datos personales. Hasta que el Tribunal Constitucional, esperemos, derogue el art. 85 bis de la LOREG», sostiene.