Universidades aprobó más de 30 millones de euros en ayudas a la IA de forma ilegal

Las ayudas, que se otorgan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo –financiado por la Unión Europea– deben pasar, como cualquier ayuda públicas, por el órgano fiscalizador del departamento dirigido por Joan Subirats. Se trata de la figura de la intervención y está presente en todos los ministerios. Al haberse omitido este trámite, las ayudas convocadas por el ministro no se pueden ejecutar. La única vía entonces para hacerlo es mediante el Consejo de Ministros. Este se encarga, tal como señala el documento para tal efecto al que ha tenido acceso ABC, de convalidar «la omisión del trámite de la función interventora de la aprobación del gasto». En concreto, señala el citado documento, «el importe del gasto cuya fiscalización se ha omitido se eleva a treinta y un millones ciento noventa y cinco mil euros (31.195.000 euros), cantidad que se financiará por el Ministerio de Universidades en el ejercicio 2023».

Como explica el documento, que previsiblemente se lleve a Consejo de Ministros el martes, «con fecha 23 de agosto de 2023, se recibe informe de la Intervención Delegada en el Ministerio de Universidades en el que se advierte que el anexo I de la Orden UNI/777/2023, de 7 de julio, se incluye la convocatoria de las ayudas para el periodo 2023-2025 de la cual se derivan obligaciones de contenido económico sin que haya sido sometido a la preceptiva fiscalización en el momento procedimental oportuno, tal y como prescriben los artículos 148 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el artículo 45 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Por tanto, al no haberse llevado a cabo la correspondiente acción fiscalizadora, el Intervención Delegada estima que finalmente las ayudas pasen por el Consejo de Ministros «quien podría adoptar una resolución favorable, mediante la convalidación de la omisión de la función interventora de la aprobación del gasto correspondiente a la respectiva convocatoria por importe de 31.000.000 euros más 195.000 euros en concepto de asistencias a abonar a los evaluadores científicos y tecnológicos, a fin de posibilitar la concesión de subvenciones para la financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares».

Fuentes consultadas señalan que si bien es el propio órgano fiscalizador el que accede a que las ayudas sigan su curso y sean convalidadas por el Consejo de Ministros sin que se hayan llevado a cabo los controles previos de control del gasto público, «eso no impide que el Tribunal de Cuentas pueda exigir responsabilidad contable al ministro por las ayudas tramitadas».

«La elevada cuantía de la convalidación hace difícil pensar que fue un error, cosa que siempre puede suceder dentro de la gestión diaria, sino que parece reflejar un fallo importante de gestión, probablemente por las prisas de sacar la convocatoria antes de las elecciones del 23 de julio y por la necesidad de ejecutar los fondos europeos», señala Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades. «Por mi experiencia en a la Administraciones Pública, los lanzamientos de convocatoria están planificados con mucho tiempo y las intervenciones delegadas de los ministerios suelen ser muy eficientes a la hora de ser tramitarlas ya que son conscientes de la importancia que tienen para profesores e investigadores», añade. Este periódico ha preguntado el motivo de la omisión de la fiscalización al ministerio y no ha obtenido respuesta.

Las ayudas están desglosadas en siete apartados. La mayor cantidad, es decir, 29 millones de euros van destinados a «entidades públicas para el desarrollo de las actuaciones de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial». Además, hay cuatro apartados de 250.000 euros cada uno. Estos están destinados a: organismos autónomos; agencias estatales y otros organismos públicos; sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público y, por último, empresas privadas. El dinero para todos estos está destinado también al desarrollo de actuaciones de la mencionada estrategia de IA. Un millón de euros es para entidades privadas y, por último, hay 195.000 euros en concepto de «otras indemnizaciones».

De acuerdo a la convocatoria publicada en el BOE, el objetivo de la financiación de las actuaciones «es lograr el impulso de la investigación en el ámbito de la inteligencia artificial, dotándola de excelencia, mediante la financiación de planes de investigación en cooperación, desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares, en línea con la estrategia marcada por la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)».