El Supremo rechaza reconocer en España sentencias extranjeras que validan contratos de gestación subrogada

La Sala de lo Civil apunta en un fallo que los derechos fundamentales y los principios constitucionales recogidos en la Constitución -entre los que se encuentran aquellos relativos a la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor- y el respeto a su dignidad integran ese orden público que actúa como límite al reconocimiento de las decisiones de autoridades extranjeras.

«La maternidad subrogada atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, que son tratados como cosas susceptibles de comercio, privados de la dignidad propia del ser humano», alerta el Alto Tribunal, que sostiene que, además, se «priva al menor de su derecho a conocer su origen biológico», que está contemplado «en el artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989».

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«Atenta también contra la integridad física de la madre, que puede verse sometida a agresivos tratamientos hormonales para conseguir que quede embarazada», añade. En la misma línea, agrega que puede «atentar contra la integridad física y moral del menor, habida cuenta de la falta de control de la idoneidad de los comitentes».

El Supremo se expresa así en el caso concreto de un demandante que solicitaba el reconocimiento de los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado número 73 del Condado de Béxar, en Texas (EE.UU.), que confirmaba la paternidad de los actores en virtud de acuerdo de gestación por sustitución.

En esta línea, el Supremo incide en que un contrato de gestación por sustitución como el que fue validado por la sentencia del tribunal norteamericano entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

El tribunal norteamericano validó el contrato de gestación subrogada mediante dos sentencias, dictadas respectivamente antes y después del parto. Ya la primera sentencia, dictada antes del parto, obligaba a la mujer a entregar inmediatamente el niño a los padres de intención, por lo que la madre no podía negarse a esa entrega una vez producido el parto.

«Y es notorio, y no ha sido desvirtuado en este caso, que en Estados Unidos la gestación por sustitución constituye un enorme negocio en el que los padres comitentes desembolsan importantes cantidades de dinero, que en parte va a la madre gestante, por lo que el consentimiento de esta, prestado antes del parto, ha sido obtenido mediante pago o compensación de algún tipo», explica el alto tribunal.

La Sala Primera del Tribunal Supremo rechaza que negar el reconocimiento de la sentencia extranjera infrinja el principio superior de protección del menor. La concreción de lo que en cada caso constituye el interés del menor, explica, no debe hacerse conforme a los intereses y criterios de los padres de intención de la gestación subrogada.

Además, indica que la protección del interés superior del menor no puede fundarse en la «existencia de un contrato de gestación por sustitución y en la filiación a favor de los padres intencionales que prevé la legislación extranjera»: «Habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la ruptura de todo vínculo de los menores con la mujer que los gestó y alumbró, la existencia de una filiación biológica paterna y de un núcleo familiar en que estén integrados los menores».

La sentencia concluye que esta solución satisface el interés superior del menor, valorado en concreto, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales de las madres gestantes y de los niños en general, que resultarían gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada comercial porque se facilitaría la actuación de las agencias de intermediación en la gestación por sustitución.

Todo ello, continúa, «en caso de que estas pudieran asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías, y sin comprobar la idoneidad de los padres de intención para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de gestaciones».