El PSOE quiere dejar caer a Isabel García: «De hoy no pasa»

La ministra aseguró el pasado jueves que actuará «con luz y taquígrafos» porque su lema vital en política es el de la transparencia. Redondo está herida por mensajes capciosos como el de la exministra Irene Montero, que tuiteó sardónica ese día que en el PSOE querían recuperar Igualdad para hacer «este tipo de políticas feministas».

Mientras, entre el personal de Igualdad y del Instituto de las Mujeres el mutismo es absoluto. Esperaban ayer al encuentro que Redondo debía mantener con el fiscal general del Estado y a las explicaciones que ella diese ante los medios convocados. «Dilatar el plazo de tiempo» que se le ha concedido a la responsable del mayor organismo en el organigrama de Igualdad era la tesis que iba a defender Redondo, frente a las voces que exigen el cese inmediato de la responsable del Instituto de las Mujeres y a lo «dolida» que supuestamente se encuentra Isabel García por que no la respalde el partido en el que milita desde su adultez.

No obstante, en cuanto se conoció que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó a declarar a Sánchez el próximo 30 de julio, el Ministerio de Igualdad anuló la convocatoria con el fiscal Álvaro García Ortiz. La presión mediática en torno a los dos, ministra y fiscal general, iba a ser insoportable.

La tensión por el caso de Isabel García sigue incomodando a todos los miembros del Ejecutivo y del Grupo Parlamentario que son preguntados desde que el diario 'El Español' publicase el pasado 17 de julio las primeras informaciones que ponían contra las cuerdas a la directora, cuyo sueldo anual supera los 113.000 euros, según la información del Portal de Transparencia que consta por última vez en 2021. Esos honorarios los está compaginando, desde el 28 de diciembre de 2023, con el 100% de las acciones de la empresa Elig Consultoría Igualdad y Diversidad S.L., domiciliada en la casa que ambas tienen en Getafe y de la que vendió el 92% de sus acciones a su esposa, exasesora del PSOE a la sazón.

El cambio de propiedad no se efectuó en el Registro Mercantil hasta el 6 de marzo. Y, para más inri, su esposa sigue facturando por servicios que se promocionan e impulsan desde el propio Ministerio de Igualdad, como la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo y la colocación de puntos violeta en festivales y conciertos en aras de que se informe sobre agresiones a las mujeres.

Ayer en rueda de prensa Patxi López defendió la «persecución» contra el presidente Sánchez y omitió el tema de la directora de Igualdad, mientras otros miembros del Gobierno, como la ministra Diana Morant, también líder del PSOE valenciano –cabe recordar que la rama de amaños en ayuntamientos valencianos gobernados por el PSPV es la principal fuente de ingresos de las dos consultoras de igualdad que tiene el matrimonio formado por Isabel y Elisabeth García–, ha despejado la cuestión ante la prensa señalando que «no tiene nada más que añadir» respecto a las explicaciones que ha dado Redondo –quien el pasado jueves pidió «paciencia, tiempo y humanidad» hacia su directora–.

Como es lógico, fuentes de la oposición claman por la cabeza de García, que –no hay discusión– se ha estado lucrando de los contratos menores que su esposa, exasesora del Grupo Parlamentario en el Senado la pasada legislatura, ha ido tejiendo con ayuntamientos encabezados por el mismo partido. Sumar, socio de investidura, también exige la destitución. Además, el PP pide que se explique también si se compatibilizaron actividades de la propia Elisabeth si las consultoras de igualdad y servicios de feminismo de las García (Imber Consultoría de Igualdad S.L. y Elig) se crearon en abril de 2022 y la pasada legislatura culminó antes de las elecciones del 23-J de 2023.

Por otra parte, tal y como informó este periódico, Isabel García era administradora y socia única de Elig el 29 de febrero de 2024, cuando se adjudica al Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) un contrato para surtir al Consistorio de materiales divulgativos del 8-M. A ese contrato menor pujan tres empresas: la primera ha denunciado que nunca concurrió a esa licitación y lo hizo, según el expediente firmado por el Ayuntamiento que rige el socialista Javier Corpa, con la oferta más cara. Las dos opciones más económicas eran Imber y Elig, así que se la llevó la tercera y lo firmó la edil de Igualdad, Silvia Buabent. El PP del Ayuntamiento de San Fernando de Henares exige que al cese de Isabel García le acompañe la dimisión de Buabent, quien fue la primera directora del Instituto de las Mujeres de junio de 2018 a marzo de 2019 con Pedro Sánchez como presidente.

En regiones como Castilla- La Mancha, la ofensiva de la oposición va más allá y desde Vox demandan todos los contratos que –si existen– tienen los ayuntamientos del PSOE y el Instituto de la Mujer autonómico con las empresas de las García. Según la recopilación de 'El Español', las dos consultoras «se embolsaron 250.000 euros desde 2022 en municipios regidos por el PSOE en todo el territorio nacional».