De risoterapia a abanicos: los contratos 'menores' de Isabel García y su mujer

Como viene informando ABC, desde que se creó en 2022 con sede social en Xirivella, el municipio en el que García ejerció como concejal hasta que fichó como asesora del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento en 2019, la firma ha recibido numerosos contratos menores por parte de consistorios valencianos, la mayoría gobernados por el PSOE. Así consta en los registros oficiales de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este mismo año, el Ayuntamiento de Cullera ha adjudicado a Elig un taller de risoterapia y autoestima de cuatro sesiones, en el marco del Día de la Mujer, por 2.400 euros. Del mismo modo, Sueca le ha confiado los cursos de formación para prevenir la violencia sexual entre el personal municipal y la elaboración de una auditoría retributiva. Ambos contratos, adjudicados el mismo día, tienen un valor de 2.750 y 2.000 euros, respectivamente, sin los impuestos incluidos.

Entre otros, el mes pasado el Ayuntamiento de Catarroja adjudicó a la compañía por mil euros la organización de una conferencia con la socialista Silvia Buabent, directora del Instituto de las Mujeres entre 2018 y 2019. Elig ya recibió en 2023 un contrato de 13.300 euros -al borde del máximo legal como contrato menor- por parte de este consistorio para llevar a cabo las actividades del 8-M. Fue la única empresa que se presentó a la licitación. Lo mismo ocurre con Imber Consultoría de Igualdad, la compañía propiedad 100% de Elisabeth García -pareja de la actual directora del organismo público-, a la que el año pasado se le adjudicó la realización de una charla sobre violencia de género por el 25-N con la escritora Laura Freixas y el suministro de abanicos para los puntos violeta de las fiestas de agosto.

No es la primera vez que la gestión de Isabel García se pone bajo lupa. Durante su etapa como diputada de Igualdad, Juventud y Deportes en la Diputación de Valencia, Isabel García fue investigada en un juzgado por presuntos delitos de malversación y prevaricación denunciados por la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. En el centro de la polémica estaba una subvención de 60.000 euros concedida al club femenino Champi Women Racing en una convocatoria de ayudas a equipos de élite para la temporada 2015-16. El PSOE la apartó de la lista a las elecciones generales de abril de 2019, en la que iba a concurrir como número 4 por Valencia. La causa se archivó en junio de ese mismo año al descartarse cualquier tipo de ilegalidad.