Según explica a ABC la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, en los casos de violencia física y violencia sexual lo más importante es garantizar la seguridad del menor. Si no está asegurada mantendrá al niño alejado de su posible agresor y se le harán las pruebas complementarias necesarias.
Cuando un médico recibe a un menor con lesiones se pregunta a los padres cuales son las circunstancias en las que estas se produjeron. Si las explicaciones no concuerdan con las lesiones o el facultativo sospecha de una posible agresión, pueden darse dos situaciones: si el caso es grave, el menor ingresará en el hospital para que se pueda garantizar su seguridad. Entonces se notifica directamente al juez a través de un escrito y ya es el magistrado el que decidirá si envía a un forense o si debe mandar a la Policía al domicilio familiar.
En los casos en los que se duda de si hay maltrato o no, se hace una notificación judicial, así como una interconsulta al asistente social. Pero, en la mayoría de las ocasiones, se suele mandar al menor al domicilio con sus padres. De cualquier modo, es el juez el que va a decidir si tiene que venir el forense o no a recoger pruebas.
Pero, en ¿qué consiste la actuación judicial? Se orientará a dilucidar las causas y el mecanismo de producción de las lesiones. Si el juez encuentra indicios claros de maltrato, la Policía acudirá al domicilio y los padres podrían ser detenidos y habérseles retirado la custodia del menor. Algo que no les ha sucedido a la sobrina de la tonadillera y a su pareja.
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