Oklahoma ejecuta al reo Michael Smith a pesar de las protestas de la Unión Europea

Smith, de 41 años en el momento de su fallecimiento, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de dos asesinatos por arma de fuego en octubre de 2002.

El reo, perteneciente a la banda criminal Oak Grove Posse, siempre mantuvo su inocencia. Así, llegó a afirmar que una confesión que efectuó en su momento ante la Policía era inválida porque habló bajo los efectos de las drogas, informa Europa Press.

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La ejecución de Smith, mediante inyección letal, se produjo tras una concentración de activistas contra la pena de muerte ante la mansión del gobernador del estado, el republicano Kevin Stitt. Durante la misma, el presidente de la ONG Coalición para Abolir la Pena de Muerte, Don Heath, describió a Smith como una persona con discapacidad intelectual que estuvo «mal asesorado» por sus abogados al insistir en su inocencia en lugar de reconocer su culpabilidad y pedir clemencia.

La primera víctima de Smith fue Janet Moore, de 40 años, que recibió un disparo en su apartamento. La segunda, Sharath Babu Pulluru, de 24 años, recibió nueve tiros en un colmado. Smith roció a su víctima con gasolina de mechero y la prendió fuego. Ninguna de ellas era su objetivo original, de acuerdo con los registros del proceso recogidos por el diario local 'The Oklahoman'.

El arzobispo de Oklahoma, Paul S. Coakley, ha lamentado la ejecución de Smith. «La pena de muerte es una solución fallida en su aplicación y sujeta a error y juicios preconcebidos», ha expresado en un comunicado.

Este viernes, la Unión Europea también se ha sumado a la condena y ha deplorado la próxima ejecución de Brian Dorsey en el estado de Misuri el próximo 9 de abril. Así, ha calificado la pena de muerte como «una violación del derecho a la vida» al tiempo que ha afirmado que es «un castigo definitivo que vuelve irreversibles los errores judiciales».

Bruselas, por tanto, seguirá llamando a la «abolición universal de la pena de muerte y la puesta en marcha de una moratoria a los estados norteamericanos», concretamente una decena, «que todavía la mantienen en vigor» y siguen aplicándola con regularidad.