Escándalo en la sanidad británica: la infección de 30.000 personas por VIH y hepatitis C «no fue un accidente»

El informe sobre la sangre infectada destaca los «numerosos fallos a niveles sistémico, colectivo e individual» que llevaron a esta tragedia. Las víctimas fueron traicionadas «no una vez, sino repetidamente» por médicos, organismos como el NHS (siglas en inglés del sistema nacional de salud) y otros responsables de su seguridad, así como por el gobierno. En palabras de Langstaff, «la seguridad del paciente no se priorizó en la toma de decisiones», a pesar de que el riesgo de transmisión de infecciones virales en la sangre y los productos sanguíneos era de sobra conocido.

El documento detalla varios puntos críticos, incluyendo la falta de acción para detener la importación de productos sanguíneos del extranjero, particularmente de Estados Unidos, donde en aquel momento se pagaba a prisioneros y drogadictos para donar sangre. Además, se siguieron obteniendo donaciones de sangre de poblaciones de alto riesgo también dentro de las fronteras británicas, como es el caso de los presos, hasta 1986. La sangre no fue tratada con calor para eliminar el VIH hasta finales de 1985, a pesar de que los riesgos eran conocidos desde 1982. También hizo una escasez de pruebas adecuadas para reducir el riesgo de hepatitis desde la década de 1970.

Langstaff señaló que «los pacientes fueron expuestos a riesgos inaceptables de infección», una situación que no se debió a la falta de conocimiento. «Los riesgos de infecciones virales por sangre y productos sanguíneos eran conocidos mucho antes de que la mayoría de los pacientes fueran tratados: en el caso de la hepatitis, desde el final de la Segunda Guerra Mundial», afirmó Langstaff. A pesar de esto, «las decisiones del gobierno fueron lentas y prolongadas», y la creencia de que «el doctor sabe más» era tan fuerte que no se emitieron guías para restringir el uso inseguro de sangre y productos sanguíneos.

El informe también revela que los pacientes no fueron informados de los riesgos de su tratamiento, negándoseles así la opción de elegir de manera informada; fueron sometidos a pruebas sin su conocimiento ni consentimiento, y no se les informó de los resultados, lo que los mantuvo sin posibilidad de tratamiento durante años. Además, algunos pacientes, incluidos niños, fueron utilizados en ensayos médicos sin su conocimiento o consentimiento informado, lo que Langstaff calificó de «traición».

El informe concluye que el daño causado se agravó por la respuesta del gobierno, el NHS y la profesión médica, quienes, en un intento por salvar su reputación y evitar además gastos por indemnizaciones, se negaron a admitir su responsabilidad, mostrando poco interés en encontrar la verdad o escuchar a los infectados. Las víctimas y sus familias, además de lidiar con las consecuencias de la infección original, han tenido que luchar durante décadas por la verdad. Los gobiernos sucesivos han afirmado desde entonces que los pacientes recibieron el mejor tratamiento disponible en ese momento y que las pruebas de sangre se introdujeron a la mayor brevedad, lo cual no era cierto.

Langstaff señala que la destrucción deliberada de documentos por parte de trabajadores del Departamento de Salud fue una «decepción descarada» y los hallazgos clave del informe incluyen la exposición consciente de los pacientes a riesgos inaceptables de infección, el uso frecuente de transfusiones innecesarias, y el hecho de que los productos sanguíneos importados para tratar a muchos pacientes eran inseguros y no debieron haberse autorizado en el Reino Unido.

El informe también menciona el caso concreto del colegio Treloar, donde niños y niñas con hemofilia fueron tratados como «objetos de investigación en lugar de niños», según Langstaff. De los 122 alumnos con hemofilia que asistieron al colegio entre 1970 y 1987, solo 30 siguen vivos. La doctora Rosemary Biggs, una de las principales especialistas del lugar, describió en aquel momento la situación como «una oportunidad única para estudiar esta enfermedad».

Finalmente, el informe recomienda un esquema de compensación inmediata, la creación de memoriales en todo el Reino Unido y en el colegio Treloar, y la realización de pruebas urgentes para la hepatitis C a cualquier persona que haya recibido una transfusión de sangre antes de 1996. Este escándalo, que podría y debería haberse evitado, supone una vindicación para las víctimas y sus familias, quienes han luchado por la verdad durante décadas.

El primer ministro Rishi Sunak se disculpó con las víctimas en una declaración en la Cámara de los Comunes. Quiero ofrecer una disculpa sincera e inequívoca por esta terrible injusticia», dijo, nombrando varios aspectos, como el «impacto devastador y tan a menudo fatal que esto tuvo en tantas vidas« y la »mala gestión de la respuesta a la aparición de los virus del SIDA y la hepatitis entre las víctimas de sangre infectada».

También se disculpó por el «fracaso repetido del estado y de nuestros profesionales médicos en reconocer el daño causado», por el «fracaso institucional en enfrentar estos fallos y, peor aún, de negarlos e incluso intentar encubrirlos», y por el largo tiempo que se tardó en poner en marcha una investigación pública. «Esta es una disculpa del estado a cada persona afectada por este escándalo», dijo, y prometió que pagarán las indemnizaciones porque no basta con pedir perdón.