Igualdad se escuda en que el Poder Judicial «no les avisó» de un posible problema con las nuevas pulseras para maltratadores
El Ministerio de Ana Redondo ha remitido una carta al Observatorio contra la Violencia sobre la Mujer en la que sostiene que en «ningún se advirtió» de que cambiar el contrato de este servicio supusiera un riesgo
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo
La polémica sobre las pulseras de vigilancia para víctimas de violencia machista, cuyo presunto mal funcionamiento derivó en la absolución de algunos agresores, continúa escalando. Según ha informado este viernes la SER y ha podido confirmar ABC, el Ministerio de Igualdad ha remitido una ... carta al Observatorio contra la Violencia sobre la Mujer en la que sostiene que en «ningún momento el Poder Judicial advirtió» a la ministra Ana Redondo de que cambiar el contrato de este servicio supusiera un riesgo. En Febrero de 2024 una UTE conformada por Vodafone y Securitas Securidad toma el control de las pulseras telemáticas, adquiriendo unos modelos nuevos y generando un sistema distinto al que utilizó Telefónica dese 2009 hasta 2023.
En la misiva, la delegada del Gobierno contra la violencia de género asegura que Igualdad no recibió «ninguna comunicación oficial» de parte del Consejo General del Poder Judicial sobre la mala calidad del servicio que iba a prestar la nueva empresa adjudicataria —Vodafone—, como afirmó la expresidenta del Observatorio, Ángeles Carmona a 'El Confidencial'.
Sin «datos objetivos»
La carta niega que Carmona advirtiera del riesgo ni a la delegada ni a la ministra Redondo, con la que se reunió antes de la sustitución del contrato. «En ningún momento en esta Delegación se ha recibido comunicación oficial alguna, menos aún apoyada en datos objetivos, relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer dicha adjudicataria. Pongo el acento en 'iba a ofrecer' porque, según aparece en prensa, ella se refiere a que el 12 de enero de 2024 nos advirtió tanto a mí como a la ministra, dándose la circunstancia de que, si bien el contrato se adjudicó en noviembre de 2023, el nuevo sistema no comenzó a instalar los dispositivos en las solicitudes de altas hasta el 8 de febrero de 2024, con lo que hasta esa fecha no había ningún dispositivo nuevo instalado, sino que se mantenían los de la anterior adjudicataria. La migración completa de un sistema a otro no se finalizó hasta el 8 de mayo de 2024. Ante esta situación, es imposible que la señora Carmona pudiera valorar el 12 de enero de 2024 la calidad de un servicio que aún no se estaba prestando», recoge el documento.
Igualdad subraya también que el Observatorio del Poder Judicial no puede acceder a la documentación relativa a la ejecución de contratos públicos. Y recalca que «la cuestión es de la máxima relevancia» porque «está generando el desprestigio» de un sistema que, según el Ministerio, «está funcionando al 100%, que cada día salva vidas y que es un modelo referente».
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