En la misiva, la delegada del Gobierno contra la violencia de género asegura que Igualdad no recibió «ninguna comunicación oficial» de parte del Consejo General del Poder Judicial sobre la mala calidad del servicio que iba a prestar la nueva empresa adjudicataria —Vodafone—, como afirmó la expresidenta del Observatorio, Ángeles Carmona a 'El Confidencial'.
Sin «datos objetivos»
La carta niega que Carmona advirtiera del riesgo ni a la delegada ni a la ministra Redondo, con la que se reunió antes de la sustitución del contrato. «En ningún momento en esta Delegación se ha recibido comunicación oficial alguna, menos aún apoyada en datos objetivos, relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer dicha adjudicataria. Pongo el acento en 'iba a ofrecer' porque, según aparece en prensa, ella se refiere a que el 12 de enero de 2024 nos advirtió tanto a mí como a la ministra, dándose la circunstancia de que, si bien el contrato se adjudicó en noviembre de 2023, el nuevo sistema no comenzó a instalar los dispositivos en las solicitudes de altas hasta el 8 de febrero de 2024, con lo que hasta esa fecha no había ningún dispositivo nuevo instalado, sino que se mantenían los de la anterior adjudicataria. La migración completa de un sistema a otro no se finalizó hasta el 8 de mayo de 2024. Ante esta situación, es imposible que la señora Carmona pudiera valorar el 12 de enero de 2024 la calidad de un servicio que aún no se estaba prestando», recoge el documento.
Igualdad subraya también que el Observatorio del Poder Judicial no puede acceder a la documentación relativa a la ejecución de contratos públicos. Y recalca que «la cuestión es de la máxima relevancia» porque «está generando el desprestigio» de un sistema que, según el Ministerio, «está funcionando al 100%, que cada día salva vidas y que es un modelo referente».
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