El Gobierno dotará con 1.323 millones un plan «complejo» y casi utópico para transformar las macrorresidencias en un hogar

«Contar con un sistema de cuidados digno debe ser una prioridad», ha destacado Pablo Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El 90% de la ciudadanía española declara que quiere envejecer en su hogar y que «esto es algo que choca con un modelo de cuidados como el actual que continúa marcado por una tradición asistencialista y rígida», ha argumentado.

Asimismo, Bustinduy ha explicado que el fin de la construcción de un nuevo modelo por parte de las administraciones públicas que permita a las personas mayores pasar más tiempo en sus casas o en su entorno tendrá «un enfoque basado en derechos humanos que posibilite el cumplimiento de sus deseos y promueve su participación social e inclusión en la comunidad».

Sin embargo, el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) ha calificado de «inaceptable» que el Consejo de Ministros apruebe hoy una estrategia de cuidados «sin ni siquiera haberse reunido ni escuchar al sector». La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ha afirmado que «no es entendible que el Gobierno dé luz verde a una estrategia sin contar con las aportaciones de la entidad más representativa del sector de los cuidados».

 Este reto también está pensado para los cuidadores, ya sea para los trabajadores profesionales como para los familiares. Este proyecto quiere mejorar las condiciones laborales, facilitar el acceso a la formación y aumentar los salarios de los cuidadores, así como la cantera de personal disponible. También pretende generar servicios y apoyos concretos para evitar que el cuidado recaiga sobre las mujeres y las familias.

Este plan —que cuenta con una dotación inicial de más de 1.323 millones de euros— se dirige fundamentalmente a las personas con necesidades de apoyo y cuidados. En concreto, a personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, adolescentes tutelados en el sistema de protección, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, niños víctimas de violencia sexual, personas con problemas de salud mental y personas demandantes de protección internacional.

El Gobierno pretende transformar las residencias en un hogar para los usuarios, que además de cubrir las necesidades básicas, también busquen su independencia. Según el informe del ministerio, muchos estudios confirman que el traslado de las personas a residencias tiene un impacto negativo en su calidad de vida. También destaca que en el seno de las familias se pueden transformar en una carga.

Según el documento, en las residencias actuales, las personas viven aisladas de la comunidad y se ven obligadas a vivir segregadas. Además, carecen de control sobre sus vidas o sus decisiones diarias, ya sea la hora en la que acostarse o que comer para merendar. Otro punto negativo que perjudica al individuo —considera el departamento de Bustinduy— es que favorecen los requisitos de la organización de la institución sobre las necesidades y preferencias de las personas.

La desinstitucionalización es un proceso complejo, basado en el cambio social, político y cultural. Según explica el informe del ministerio, esta estrategia no puede ser una ley única, sino que supondrá muchos cambios en la legislatura para que se produzcan las modificaciones que el ministerio desea, incluyendo la colaboración de otros ministerios y las comunidades autónomas. De hecho, articula su hoja de ruta en siete focos estratégicos.

Esta es la primera estrategia que ha creado España sobre un cambio en el modelo de cuidados, aunque ya en la legislatura pasada Ione Belarra hizo sus 'pinitos' y presentó sus planes para desinstitucionalizar a los mayores a las patronales de las residencias privadas y concertadas en España. Según el ministerio actual, los cuidados deben de estar centrados en la propia persona, pensando siempre en su voluntad, decisiones y preferencias. En el caso de la infancia y juventud, deben tener en cuenta su mejor interés, por lo que se potenciará la fórmula del «acogimiento familiar» en el caso de los menores tutelados, indica.

La implementación de la estrategia se concretará en tres planes operativos: 2024-2025, 2026-2027 y 2028-2030. Las administraciones responsables de la ejecución del proyecto definirán las líneas de actuación y las medidas que implementarán durante el periodo determinado, en función de sus prioridades y su presupuesto.

Además, el plan prevé dos evaluaciones intermedias: 2024-2025 y 2026-2027. En este ejercicio se evaluará el progreso de la implementación de la estrategia y se analizará la ejecución del proyecto. Los informes de estas evaluaciones permitirán ver cuál será el funcionamiento del proyecto, las posibles incidencias o los desafíos que pueda haber en la implementación de la estrategia. En 2030 se hará un examen final, donde se analizará todo el proyecto para garantizar unas conclusiones objetivas.

Por otro lado, la estructura de implantación de la estrategia se basa en cinco ejes. El primero se centra en la activación de los mecanismos del proyecto, el segundo quiere fomentar la participación de las personas y, a su vez, la concienciación social. El tercer eje pretende hacer una transformación de los modelos actuales de cuidados, servicios y apoyos, así como el funcionamiento de las residencias, para que se centren en los usuarios.

El cuarto eje es el centro de la estrategia. Se desarrollarán los servicios para la transición hacia la vida en comunidad, esta parte implica ampliar la gama de servicios para cumplir los objetivos del proyecto. En el último eje, se recogerán las condiciones que habilitarán el proceso de transformación. Para ello, hay tres elementos: el desarrollo para facilitar la vida en la comunidad, la disponibilidad de financiación y crear un sistema que garantice la participación de todos los actores involucrados en este proceso de cambio.

La estrategia cuenta con una dotación inicial de 1.323.471.810 euros que se irá complementando en su despliegue a través de los Planes Operativos. Este presupuesto proviene principalmente de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular del Fondo Social Europeo Plus, y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El ministro ha enfatizado que se trata de una inversión «sin precedentes» en una estrategia que «será pionera en Europa».

«El respeto a la dignidad y el buen trato» es de los principios que sustentan la transformación que el ministerio sabe que no sería fácil. En el contexto de la desinstitucionalización, se trata de asegurar que todas las personas sean tratadas con respeto. Asegurar una vida independiente en la comunidad es uno de los enfoques clave para este proceso de cambio.

Asimismo, con la personalización de los cuidados, el ministerio quiere rediseñar la forma de los cuidados y apoyos, adaptándose a cada persona de forma individual. Aquí no se fomenta solo cubrir las necesidades del individuo, sino también sus preferencias, estilos de vida y, especialmente, la forma en la que cada usuario puede ejercer el control sobre los apoyos y cuidados que recibe.

La libertad de elección y control es otro de los principios básicos de la estrategia. El individuo debe poder decidir todo lo que le rodea, tener pleno control sobre sus libertades. En el caso de la infancia, la toma de decisiones irá de acuerdo con la madurez del individuo. Tareas que se antojan arduas 'a priori'.

Otro de los principios es la prevención de la institucionalización: en este punto se quiere crear un sistema de carácter comunitario donde se permita detectar y prevenir situaciones de riesgo que conducen a la dependencia o al desamparo. Por último, el ministerio fomenta la accesibilidad universal y asequible, algo fundamental para el proyecto.

Según el documento proporcionado por el ministerio, en España se estima que entre 4.421.110 y 6.565.901 personas requieren cuidados y apoyos, lo que representa más del 10% de la población. De ellas, al menos 350.258 de ellas reciben apoyos en recursos de atención residencial: 288.765 personas mayores de 65 años, 32.934 personas con discapacidad, 17.061 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección infantil en acogimiento residencial y, 11.498 personas en situación de sin hogar.

El uso de servicios de atención residencial aumenta con la edad, especialmente a partir de los 80 años y aumenta también en las mujeres. Las mujeres representan el 69,8% de las personas mayores que viven en Servicios de Atención Residencial, frente al 30,2% de los hombres (de 65 años o más).

Al mismo tiempo, es importante señalar que los cuidados familiares siguen siendo la columna vertebral de los cuidados de larga duración en España. Casi el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por algún integrante de la familia. Las principales cuidadoras familiares son mujeres: las hijas, las madres y las parejas. Lo mismo ocurre con las personas que tienen alguna discapacidad. En este marco, hay 720.014 personas afiliadas a la Seguridad Social en los servicios sociales (cuarto trimestre de 2023), de las cuales el 82,2% son mujeres, frente a un 17,8% de hombres. Del total de personas trabajadoras en los servicios sociales, más de 600.000 lo hacen en el sistema atención a la autonomía y la dependencia, donde las tasas de empleo a tiempo parcial son muy altas, los salarios son bajos y los riesgos físicos y mentales son mayores que en otros sectores. Para el ministerio es una tarea obligada proponer líneas de actuación orientadas a revalorizar la labor de cuidados, a mejorar las condiciones laborales y la protección social de las personas cuidadoras y a generar servicios y apoyos concretos para evitar que el cuidado recaiga sobre las mujeres y las familias.