Fiscalía consigue cerrar por primera vez en España webs que publicitaban la gestación subrogada, aunque las empresas siguen ofreciendo los servicios

Se trata de una de las dos páginas web que, según han explicado este martes, la Fiscalía ha conseguido cerrar «por primera vez» en España, desde que el anuncio de estas prácticas está prohibido por ley. Así lo ha explicado la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en una atención a medios este jueves, quien ha explicado que en 2024 una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid porque en ella figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad de la gestación subrogada.

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Pelegrín ha explicado que, aunque en un primer momento se consideró que esta no era una cuestión penal, pues no constaba que se hubiese llevado a cabo ninguna gestación, sí que podría tratarse de publicidad ilegal, si se tiene en cuenta que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida prohíbe la gestación subrogada y que la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha comentado la Fiscalía, se pudo detectar, a través del listado aportado por la entidad, que había intermediarios que hacían una «publicidad descarada» de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otros lugares, en las que, además, «se cosificaba a la mujer y a los propios bebés».

En el caso de la Fiscalía de Barcelona, mediante el uso de medios alternativos para la resolución de conflictos, en concreto de la mediación, se consiguió que dos de estas empresas atendieran a los requerimientos y retiraran la publicidad, procediéndose al archivo de ambos casos. En cambio, en Madrid, la Fiscalía impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado con una sentencia condenatoria y otra que todavía no ha sido resuelta.

En el primero de los casos, el de la empresa Surrobaby, la Fiscalía de Madrid logró que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictase medidas cautelares y ordenase el cierre de la web y los perfiles en redes de la empresa que publicitaba hasta la celebración del juicio. De hecho, la página de Surrobaby ha estado prácticamente todo el año con un mensaje de que se encontraba «en mantenimiento» a la par que facilitaba un teléfono y un correo electrónico.

Posteriormente, estimó parcialmente la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y declaró que la publicidad era «ilícita y desleal» y, en consecuencia, condenó a la empresa a cesar la campaña publicitaria y a publicar la sentencia en su web, blog y redes sociales. De ahí el mensaje que ahora aparece en la web.

Sin embargo, la eliminación de la publicidad no parece implicar que la empresa deje de ofrecer sus servicios. Un teléfono móvil, otro fijo y un correo electrónico siguen apareciendo como contacto, junto con un mensaje que deja claro que continuarán con la actividad: «Tampoco será posible publicar información sobre los servicios que SURROBABY S.L continuará ofreciendo a las familias que están en proceso y a las nuevas familias que decidan iniciarlo». El «continuará ofreciendo» junto al concepto de «nuevas familias que decidan iniciarlo» deja poco lugar a la interpretación.

Además, desde Fiscalía dicen ser conscientes de la existencia de «multitud» de páginas internacionales que continúan publicitando esta práctica ilegal a través de sus delegaciones nacionales, por lo que tanto desde Barcelona como desde Madrid plantean que sean las Administraciones Públicas quienes bloqueen el acceso a estas páginas.

Para ello, desde la Fiscalía de Madrid se envió un escrito al Instituto de las Mujeres, que se mostró dispuesto a colaborar, y desde las fiscalías de Madrid y Barcelona se solicitó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que bloqueara el acceso, aunque la entidad ha respondido que no tienen competencia para ello y que debe canalizarse mediante órganos jurisdiccionales porque podría chocar con el derecho a la libertad de expresión.