El fiscal propone prohibir el acceso a las redes a los condenados por delitos de odio graves

Estas declaraciones son a raíz de que la Fiscalía ha anunciado que va a estudiar los mensajes en redes contra menores no acompañados tras el asesinato de Mateo, un niño once años de Mocejón, Toledo. El portavoz de la familia, Asell Sánchez, denunció este martes el odio que estaba recibiendo a través de redes debido a su pasado como voluntario en África: «Me están atacando, marcando e investigando un pasado que no tengo», aseguraba entre lágrimas.

Aguilar ha recordado que cada día hay agresiones de este tipo en las calles por esa misma motivación e incide sobre la publicación de informaciones falsas que solo buscan «señalar y estigmatizar a migrantes para despertar el sentimiento de rechazo de la población hacia ellas».

La investigación sobre el caso de Mocejón está en una fase muy inicial, pero cuando dispongan de los informes policiales, «serán remitidos a la fiscalía y se hará la valoración jurídico-penal». El fiscal admite que los mensajes a Asell Sánchez han generado «mucha indagación». Para Aguilar «no tiene palabras» que cuando un portavoz de una familia, que están sufriendo por un crimen, hace un llamamiento a no criminalizar a ninguna raza o etnia, usuarios de redes aprovechen para atacar a esa persona.

La propuesta ha sido bien recibida por el Partido Popular, que ve con buenos ojos cualquier medida encaminada a acabar con los delitos de odio. «El sentido común de todas las personas de bien hace que esos planteamientos de exteriorizar odio sean reprobables y deplorables y serán bien recibidas y apoyadas por el Partido Popular», ha asegurado el portavoz adjunto del partido en el Senado, Antonio Silván.

Sin entrar en la profundidad de lo propuesto por el fiscal de delitos de odio, el dirigente popular ha insistido en su apoyo a «cualquier medida» que trate de atajar o suprimir esos planteamientos. «Nunca nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que con nombres y apellidos no decimos», ha sentenciado, informa Pilar de la Cuesta.

El fiscal ha considerado que sería una pena «proporcionada y necesaria» para aquellas personas que se han servido de utilizar las redes sociales para la comisión de un delito. Asimismo, Aguilar ha apostado también por analizar que los usuarios «estén debidamente identificadas y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas».

Para poder reformar el código penal, el fiscal también incide en la implicación de otros estamentos como la educación, así como el desarrollo de otras medidas para combatir el odio. Aguilar considera que «la ley no puede acotar que se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia».

Además, asegura que hace falta que los poderes públicos implemente todas las medidas necesarias. «Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal, pero son muy odiosos y socavan nuestro modelo de convivencia», apunta el fiscal. Sin embargo, advierte de que su departamento no llega a todos los mensajes de odio que difunde, «comportamientos graves».

Por otro lado, asegura que ha notado un aumento de delitos de odio en la Fiscalía, aunque Aguirre reconoce que no saben si es un incremento real o es que las personas denuncia más este tipo de delitos.