El facilitador, un 'intérprete' para que la Justicia y las víctimas con discapacidad intelectual «se entiendan»

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El momento de enfrentar un interrogatorio, ante un tribunal, las preguntas reiteradas o las embestidas del abogado de la otra parte, revivir un episodio no es nada sencillo, es muy estresante. Hay una figura en los procesos judiciales y policiales que aligera esa carga: se llaman facilitadores y a pesar de que en este momento solo hay nueve activos en España, se está formando una nueva cantera, porque desde el pasado 19 de diciembre está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como un actor clave para que a la víctima se la entienda y ella entienda a la Justicia.

A personas como Isabel Cartagena, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) de la Fundación A la Par no les gusta la palabra 'traductor', aunque esta suerte de 'intérpretes' acompañan y hacen que la persona con discapacidad lo tenga un poquito más fácil. No solo dan apoyo terapéutico y emocional, también policial y judicial.

«Pero es un trabajo muy duro», reconoce Cartagena en conversación con ABC, y a veces «frustrante» por los tiempos que maneja la Justicia. «En Madrid pasan entre dos y tres años hasta que sale un juicio». No obstante, los resultados de ese esfuerzo ímprobo están ahí: desde la creación de la única unidad que había en España hace ahora 14 años, han pasado 2.021 víctimas por las instalaciones de la Uavdi. Sin facilitadores el 79% de las causas se sobreseían, con ellos se archiva el 19%. «No hemos tenido denuncias falsas –aclara la facilitadora–, solo alguna persona que se ha asustado o alguna confusión».

Después, se han formado unidades en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja (luego se desligaría de A la Par) y un servicio en Mallorca vinculados a esta unidad, donde trabajan en colaboración la Sección de Análisis y Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil y la fundación que preside Almudena Martorell.

La figura del facilitador «es neutra, no prepara la declaración y no busca un resultado condenatorio. Debe favorecer el acceso en igualdad de condiciones a un proceso justo para la persona con discapacidad y asegurarse de que tiene todas las herramientas y apoyos necesarios para lograr que así sea, dependiendo de sus limitaciones personales (como memoria, atención...)», explica Israel Berenguer, director de la Uavdi. El objetivo es servir de puente en esa comprensión mutua entre Justicia y víctimas.

Los facilitadores son, así, un buen bastón para que las víctimas «no entren en crisis» en los juicios. Adaptan el tono, el lenguaje y el contexto a las necesidades de la víctima. Evitan su revictimización y suavizan su paso por el calvario judicial, pero en ocasiones estos profesionales chocan con demasiadas resistencias.

Por ejemplo, al ponernos en la piel de la coordinadora, relata que su peor trago fue el caso de un menor que denunciaba por violaciones continuadas a su abuelo. Con las víctimas de discapacidad intelectual sucede también, agrega Cartagena, que esos abusos suelen perdurar en el tiempo, haber sido callados durante un periodo muy largo, y romperlo significa abrir un profundo conflicto familiar. Esos abusadores, además, suelen «aprovecharse» de la vulnerabilidad de la víctima. «No se la cree, tiene menor credibilidad por su discapacidad que otra persona, se les dice que fantasean o que tienen una sexualidad o desaforada o todo lo contrario, que no tienen ninguna. Y ambas creencias no son verdad», desmiente.

Luego está –apunta la facilitadora– el temor a quedarse solas. Muchas víctimas conviven con sus familias. «Cómo vas a denunciarlo, qué quieres, que tu padre acabe en la cárcel», le espetaron a una. Los abusos se tapan. El 16% de las víctimas atendidas por Uavdi eran menores de edad.

El trabajo del facilitador no está reservado solo para las víctimas. Auxilian también a los investigados con una discapacidad intelectual. En concreto, en el balance de la unidad, la distribución de las víctimas es de un 74% de mujeres y un 26% hombres.

Una de ellas es María (nombre ficticio). Tiene 46 años y convivió 24 con su exmarido, que también tiene una discapacidad. Ambos están a la espera del juicio tras la denuncia de ella. Al principio María reconoce que en la relación todo era de color de rosa. Las palizas se volvieron constantes, los «empujones», las humillaciones, la obligaba a prostituirse con otros hombres. Un educador –suelen detectar muchos casos en centros de educación especial– descubrió lo que ocurría, su primo la creyó e interpusieron la denuncia correspondiente. María lleva más de dos años en terapia, también con los profesionales de la unidad.

«Se mitifica su sexualidad y se las acusa de fantasear. No hemos tenido denuncias falsas; sí alguna confusión»

Isabel Cartagena

Coordinadora de la Uavdi

Dice a este periódico que estaba «muy nerviosa» durante su primera testificación y su facilitadora la ayudó a comprender cada una de las preguntas en aquel escenario que se pareció a «una película». Su ex tiene una orden de alejamiento como medida cautelar y a María la protege una pulsera del servicio Atenpro de la Cruz Roja. Pasó antes por el piso protegido que tiene también A la Par. María no sabe qué es de él, aunque sí se lo ha llegado a cruzar en alguna ocasión. «No pienso dejar de hacer mi vida», comenta, cansada tras muchos años enjaulada. «Soy una mujer maltratada. Sabía que tenía que salir de esa casa, pero es muy difícil, tienes miedo –afirma María, que tiene un 49% de discapacidad intelectual–. Me ayudó un compañero cuando leyó en mi móvil que no me dejaba ir a tomar algo después del trabajo, que me quería pronto en casa y solo con él, bajo amenazas. Eso lo leyó y dijo: 'te está controlando'».

La violencia sexual es la agresión que más se repite en esta unidad de acceso a la justicia, sobre todo en un contexto intrafamiliar o de un entorno próximo, porque la víctima «confía» en quien puede ser, por ejemplo, un vecino, dice Cartagena. Se dan muchos casos de «abuso económico –añade–; les hacen firmar préstamos o documentos para quedarse con sus ayudas».

«El facilitador proporciona apoyos a las personas con discapacidad en su derecho de entender y ser entendidos»

Israel Berenguer

Director de la Uavdi

«Algunas han normalizado ciertas conductas, y cuando nos desplazamos a otras unidades o a los talleres que damos por toda España, de repente saltan: 'a mí eso me lo está haciendo mi tío'», revela la coordinadora, que incide en que «algunas no saben que eso está mal aunque les duela, porque nadie se lo ha explicado. O les da mucha vergüenza contarlo».

Por sucesos como estos, las familias donde hay personas con discapacidad suelen ser «superprotectoras». Esta psicóloga pide no juzgarlas, sobre todo porque «solo ellas saben por lo que han pasado» y pugnan por el bien de sus parientes. En un difícil equilibrio, también les aconseja que respeten las decisiones de su ser querido: «Es normal que tengan los ojos puestos en sus relaciones de amistad, pero deben dejarles vivir su intimidad con autonomía».