Expertos piden que la Cumbre del Clima movilice un billón de dólares por año en 2030 para países en desarrollo

Estas son las conclusiones a las que han llegado el grupo de expertos independiente de alto nivel sobre financiación climática (IHLEG, por sus siglas en inglés) en un informe que han presentado este jueves en un evento especial con Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El IHLEG ha apoyado las deliberaciones sobre la agenda de financiación climático bajo las sucesivas presidencias de la Cumbre del Clima desde la COP26.

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Isabel Miranda

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Uno de los puntos centrales de las discusiones va a ser el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NOCC) para más allá de 2025. Este elemento del Acuerdo de París establece una meta financiera para apoyar a las naciones en desarrollo en sus acciones climáticas. El actual es de 100.000 millones de dólares al año y se considera insuficiente. Sin embargo, no hay consenso sobre la cantidad exacta ni respecto a qué fórmulas emplear para aumentar su ambición.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos, se necesitarán una inversión global en acción climática de 6,3 a 6,7 billones de dólares por año para 2030 para cumplir con el Acuerdo de París. De ellos, de 2,7 a 2,8 se destinarán a las economías avanzadas; de 1,3 a 1,4 irán a China; y de 2,3 a 2,5 a países emergentes distintos de China. De hecho, estos últimos representarán el 45% de las necesidades de inversión incrementales promedio desde ahora hasta 2030.

Para 2035, serán necesarios alrededor de 7 a 8,1 billones de dólares al año. En este marco, las economías avanzadas necesitarán entre 2,6 y 3,1; China, entre 1,3 y 1,5; y los países en desarrollo emergentes distintos de China, entre 3,1 y 3,5. Por ello, los expertos han concluido con que se necesitará un total de un billón de dólares al año para 2030 y 1,3 billones para 2035.

En el texto, los autores han señalado que estas cifras implican «un aumento de más de cuatro veces la financiación climática total y un incremento de más de seis veces de la externa de aquí a 2030» para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, también han advertido de que cualquier déficit de inversión antes de 2030 ejercerá «una presión adicional» sobre los años siguientes, es decir, que se necesitará reunir mayores cantidades de dinero en menor espacio de tiempo para alcanzar los objetivos «críticos».

Por su parte, han pedido que las economías avanzadas dupliquen la financiación climática bilateral, que en la actualidad asciende a 43.000 millones de dólares al año. Asimismo, han instado a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), incluido el Banco Mundial, a comprometerse a triplicar su capacidad de préstamo para 2030 como parte del NOCC.

Además, han apuntado que las plataformas nacionales dirigidas y propiedad de países con la participación de todas las partes interesadas, incluidas las instituciones financieras de desarrollo (IFD) y el sector privado, pueden crear la base para políticas más decididas y medidas aceleradas para desbloquear inversiones y movilizar la financiación necesaria.

Por otro lado, los autores han remarcado que «es necesario buscar activamente soluciones innovadoras» para llenar el vacío actual en la financiación concesional. Por ejemplo, la tributación internacional de los sectores con altas emisiones, que a su juicio tiene el potencial de recaudar cantidades significativas de ingresos que podrían usarse para llenar el déficit de financiamiento climático.

En este sentido, han recordado que en la COP28 se lanzó el Grupo de Trabajo sobre Impuestos de Solidaridad Global para explorar nuevas vías para que la tributación internacional financie la acción climática y el desarrollo sostenible, que incluiría la tributación del transporte marítimo internacional, la aviación, los impuestos a los combustibles fósiles y un impuesto a las transacciones financieras.

Por último, han subrayado que el mercado voluntario de carbono también tiene el potencial de generar ingresos muy necesarios para los elementos prioritarios de la transición en los países emergentes distintos de China.