Europa pide a Andorra que ponga en marcha un programa integral contra el racismo y la LGTBIfobia

En concreto, reconoce que desde 2017 el mandato del Defensor del Pueblo de Andorra (el Raonador del Ciutadà en catalán) fue ampliado para incluir las denuncias de discriminación racial, pero la Comisión pide que se refuercen los medios y el mandato de esa institución para que pueda cumplir todas sus funciones.

También reconoce que las parejas del mismo sexo tienen acceso al matrimonio civil desde enero de 2023 y que el sistema público de salud cobre los costes sanitarios de las terapias de afirmación del género.

Sin embargo, el informe lamenta que todavía se siga requiriendo un informe psiquiátrico para acceder a esas terapias y también considera «problemático» que sean necesarios un período de espera obligatorio de dos años y un procedimiento judicial para el reconocimiento del cambio de género y de nombre.

La Comisión recomienda a Andorra reforzar la legislación sobre reconocimiento de género y un procedimiento administrativo «rápido y transparente». El informe a su vez señala que el discurso de odio no es muy común en Andorra, aunque «en varias ocasiones» se han detectado comentarios de odio en línea contra migrantes, musulmanes y personas LGBTI.

Por ello, la ECRI pide a Andorra aumentar sus esfuerzos para combatir el discurso de odio en línea y que las motivaciones racistas y anti LGBTI se consideren en los procedimientos judiciales.

También recalca que los trabajadores latinoamericanos del sector de la construcción han sufrido «prácticas abusivas». Ante eso, insiste en que las autoridades provean de recursos suficientes a la inspección de trabajo para prevenir el racismo y la discriminación racial en el empleo.

El informe pide finalmente a Andorra que otorgue a los extranjeros con residencia legal en el país el derecho al voto y a ser elegidos en comicios locales, de acuerdo con los principios del Consejo de Europa y como ya se hace en muchos otros países del continente.