Las asociaciones de víctimas, tras el fiasco de las pulseras para maltratadores: «Las mujeres sienten miedo, es una desprotección enorme»

Hasta 2023, el contrato estaba en manos de Telefónica, que subcontrataba a Securitas Direct, pero el Gobierno adjudicó ese año la gestión a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Durante la migración de datos de un sistema a otro se perdió el acceso a la información anterior a marzo de 2024, dejando a los jueces sin una prueba esencial para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento.

El sistema, tal y como está planteado, debe permitir identificar en todo momento el lugar del territorio español en el que se encuentran las personas inculpadas o condenadas con respecto a las víctimas del delito. La pulsera utiliza una comunicación de corto alcance con el teléfono móvil, que reporta en tiempo real por posicionamiento GPS la distancia entre el agresor y la víctima.

El Ministerio de Igualdad, del que depende el sistema, aseguró ayer que el problema «ya ha sido solucionado», que fue «puntual» y que «a finales del año pasado se recuperó toda la información». Además, sostienen que «en la actualidad tienen todos los datos integrados en nuestro sistema».

No obstante, la Fiscalía apunta a que esto supuso una «potencial desprotección de las víctimas», e incide en que el centro de control de Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no podían facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», subraya la memoria. También en ella se asegura que, en el Juzgado de lo Penal, «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».

Respecto a estos «fallos», la titular de la cartera de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que, desde su departamento, se reunieron con las trabajadores y con las empresas implicadas y resolvieron las «cuestiones». Así, ha indicado que hay que decirle a las mujeres que «el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege». «Y simplemente eso, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes», dice Redondo.

En España, pese a haber más de 100.000 casos de mujeres maltratadas registrados en el sistema VioGén, apenas hay 5.000 dispositivos de seguimiento para maltratadores, una situación que tildan de «decepcionante» asociaciones de víctimas como ALMA o la fundación Anna Bella. «El fallo del sistema ha provocado mucho miedo en las mujeres, es una desprotección enorme. Sabemos que las pulseras salvan vidas y por eso mismo tampoco entendemos por qué no se protegen a todas las mujeres del sistema VioGén», lamenta Anna Bella, creadora de la fundación con su mismo nombre.

Según marca Interior e Igualdad, para que un maltratador tenga la obligación de llevar un dispositivo de localización en todo momento, la víctima debe de ser categorizada con un riesgo medio, alto o extremo. «A pesar de ello, todos los años mueren asesinadas en España mujeres de riesgo bajo por sus maltratadores. ¿Por qué estos casos no llevan también un dispositivo de control?», dice Bella.

Por su parte, Gregorio Gómez, de ALMA, explica que el problema radica en la falta de presupuestos y la «ineficaz» gestión de los mismos por parte de Igualdad. «Esto describe la España en la que vivimos. Se deberían destinar los recursos a lo que hay que destinarlo, no invertir miles de euros en sacar una aplicación absurda que dura dos meses porque la gente no la usa, como pasó con la 'app' del reparto de tareas doméstica, un fracaso absoluto», dice Gómez, en referencia a 'MeToca', la aplicación de Irene Montero que costó 200.000 euros y apenas se instaló en 10.000 dispositivos. «El tiro no está bien afinado y no se hace lo que se debería hacer».