CSIF exige un pacto de Estado en Sanidad ante el colapso de la Atención Primaria

Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de CSIF, ha destacado en rueda de prensa que la situación actual es «un mal endémico que ocurre en todas las comunidades autónomas. Para acceder a la Atención Primaria, hay comunidades autónomas que tienen listas de espera de primera consulta de 15 días o más, lo que provoca la inaccesibilidad de la población al sistema sanitario».

Colapso de la Atención Primaria con hasta 15 días de demora, saturación de las urgencias, incremento desmedido de las listas de espera y déficit generalizado de profesionales (especialmente en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería), falta de planificación y de sustituciones son los principales problemas que afectan en mayor o menor medida a todas las comunidades autónomas, según el sindicato. Además, creen que el plan de Atención Primaria impulsado por parte del Gobierno no es eficaz.

La Sanidad -argumentan- requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarse en la media europea. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 TCAES y 29.500 médicos de Atención Primaria. Asimismo, calculan que haría falta contratar 176.000 plazas de otras categorías como psicólogos clínicos, fisioterapeutas o trabajadores sociales, entre otro personal del conjunto de la Sanidad.

Para ello, ven preciso un incremento de la financiación del gasto sanitario. En España se invierten 2.027 euros por persona, mientas que la media de la Unión Europea es de 2.746 euros.

Esto se suma, además a que las comunidades autónomas han prescindido de 51.327 empleos a lo largo de los meses de septiembre y octubre (11.550 en septiembre y 39.777 en octubre) coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe y la llegada del mal tiempo, con el incremento de patologías respiratorias que acarrea esta estación y la consecuente presión asistencial. CSIF buscará el amparo del Defensor del Pueblo ante el recorte del derecho fundamental a la protección de la salud por la dejación de responsabilidades por parte de los responsables políticos, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno Central.