Un centenar de balsas en España no tienen plan de emergencia

Las empresas que explotan las minas son responsables del mantenimiento y la seguridad de las balsas, incluso después de cesar la actividad, pero no están obligadas por ley a tener un plan de emergencia. El problema —explica a ABC Juan Romero, de Ecologistas en Acción— es que estos grandes complejos (formados por cortas, balsas, escombreras, que van almacenando residuos de todo tipo) se rigen por la Ley de Minas y no por la de residuos tóxicos y peligrosos, que es lo que realmente contienen.

Cianuro, arsénico, todo tipo de metales pesados... toda la tabla periódica cabe en estas minas, muchas de ellas abandonadas, pero «los residuos son para toda la vida y requieren de una vigilancia constante», apunta Miguel Ferrer, científico titular de la Estación Biológica de Doñana y director de este centro del CSIC cuando se produjo el desastre de Aznalcóllar en 1998.

Romero cuenta que en Riotinto hay una mina abandonada con más del doble de residuos de los que almacenaba la de Boliden. Son 90 millones de toneladas de residuos, donde las filtraciones ya existen, todo igual, sólo cambia el nombre de las marismas afectadas, Odiel en lugar de Doñana. Otra catástrofe anunciada.

Si la Ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada en 2007, hubiera estado en vigor en 1998 la empresa sueco-canadiense Boliden-Apirsa hubiera tenido que aportar los más de 165 millones de euros que costó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Andalucía, es decir, a todos los españoles, la limpieza y restauración del Guadiamar. Pero no fue así: la empresa no sólo cobró los 8.000 millones de pesetas en subvenciones de la Junta de Andalucía cuando reabrió la mina un año después de la catástrofe, para proceder a su cierre definitivo inmediatamente, sino que se dio la paradoja de que los camiones de Boliden fueron indispensables para la recogida de lodos. Eso sí, previo pago del correspondiente alquiler.