El abogado de una exnumeraria pide que el prelado del Opus Dei declare ante el juez por trata de personas

Noticia Relacionada

La Fiscalía argentina pide citar a declarar al número dos del Opus Dei por una acusación de trata de personas

Guadalupe Piñeiro Michel

La Prelatura niega categóricamente los cargos y reclama que Mariano Fazio y los otros denunciados «puedan ejercer su derecho a defensa»

«Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma», explicaba esta semana Sebastián Sal a la radio francesa RFI.

Tras conocerse las intenciones del abogado de la demandante, el Opus Dei emitía este lunes un comunicado en el que denunciaba «una grave manipulación con fines mediáticos de una investigación judicial en Argentina» relacionada con estas acusaciones de trata de personas supuestamente sufrida por mujeres que en su día fueron numerarias auxiliares de la prelatura.

El caso, que se encuentra aún en fase de instrucción y en el que todavía el juez no ha realizado ninguna citación, ha derivado en una creciente presión mediática y judicial contra antiguos responsables del Opus Dei en ese país, y podría, de prosperar la última propuesta del abogado querellante, alcanzar incluso al actual prelado: Fernando Ocáriz.

Sin embargo, la prelatura considera que esta petición de comparecencia de Ocáriz «sin fundamento fáctico ni jurídico, se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico».

El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando el abogado argentino Sebastián Sal presentó una reclamación por aportes previsionales (el equivalente a las cotizaciones a la Seguridad Social en España) en nombre de 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei. Según la prelatura, desde el primer momento hubo disposición a escuchar sus peticiones, pero «la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona».

Aunque las reclamantes fueron en un princpio 43, sólo una de ellas sigue adelante con la causa judicial, ya que algunas se han retirado y, en otros casos, el posible delito habría prescrito.

En ausencia de presentación judicial formal por parte de las supuestas afectadas, la prelatura estableció en 2022 una Comisión de Escucha y, más tarde, a finales de ese mismo año, una Oficina de Sanación y Resolución. Gracias a este canal, algunas de las reclamaciones se resolvieron directamente. Algunas mujeres manifestaron entonces que «solo querían resolver una cuestión previsional y que fueron utilizadas sin su consentimiento para realizar acusaciones graves que no comparten».

Sin embargo, a partir de 2021 el conflicto fue escalando progresivamente. Primero, hacia una reclamación civil por daños y perjuicios; luego, hacia acusaciones por explotación laboral. Finalmente, en junio de 2023, se abrió una investigación penal por una supuesta situación de «trata de personas», tras una denuncia presentada ante la Procuraduría especializada en ese ámbito (Protex). Esta deriva ha sido calificada por la prelatura como un «intento de manipular la aplicación de una figura penal para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial».

En agosto de 2024, la fiscalía presentó un informe en el que proponía tomar declaración a cuatro antiguos vicarios regionales del Opus Dei en Argentina, aunque se saltaba a uno de ellos, Mariano Fazio, que en la actualidad es vicario auxiliar de la prelatura. Sin embargo, hace unas semanas el abogado pedía a los fiscales del caso que también fuera imputado. A esa escalada se suma la actual petición al juez de convocar al prelado.

Para el Opus Dei, estas peticiones «se apoyan en conjeturas, sin aportar elementos concretos», y responden únicamente a una «dinámica de instrumentalización y tergiversación» del procedimiento penal «con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia».

El comunicado oficial subraya que el sistema judicial argentino se encuentra aún en la fase de instrucción del caso: «El juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos». «Una denuncia penal abierta no implica automáticamente la realización de un juicio oral», explica el documento de contexto publicado por el Opus Dei junto al comunicado.