Cañete cambiará la ley de Costas para que sea «compatible con el crecimiento»

La forma de aplicar la llamada servidumbre de protección, establecida en «una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar», pero ampliable en otros cien según las circunstancias, ha sido una fuente inagotable de tensiones ante situaciones de lo más variadas. Las más drásticas se han dado cuando se ha tenido que llegar a la expropiación y al derribo de inmuebles. Sin embargo, también hay numerosos casos en los que, tras realizarse el deslinde —la delimitación del dominio público marítimo-terrestre—, se ha permitido a los propietarios permanecer en sus inmuebles en una especie de concesión temporal de 30 años, prorrogable hasta los 60. Si no se ampliara el primer plazo, vencería ya en el año 2018. A ello se suma en los últimos años la pretensión de acabar con los chiringuitos a pie de playa, que supuso una bomba en el sector turístico de las costas españolas.

En total, se calcula que hay medio millón de afectados por las alteraciones que introdujo la norma. El pasado año, aún en la oposición, el PP logró sacar adelante una propuesta en el Senado para «desarrollar un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios».

Durante la campaña electoral para el 20-N, los populares ya avanzaron que reformarían la ley de Costas cuanto antes y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lo confirmó ayer durante la toma de posesión de los directores generales de la Oficina de Cambio Climático, Susana Magro; de Sostenibilidad de la costa y del Mar, Pablo Saavedra, y del Agua, Juan Urbano. Se comprometió a acometer una modificación «plenamente compatible el crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la salida de la crisis», sin que suponga una merma de la «protección medioambiental». «No les descubro nada si les digo que una parte muy importante de nuestra riqueza es el litoral español y por ello este ministerio va a poner en valor el conjunto de playas y costas españolas en base a la sostenibilidad ambiental», explicó.

La reforma puso ayer ya en pie de guerra a los colectivos ecologistas. Greenpeace teme que la reforma «vuelva a promover la destrucción del litoral», por lo que «no dudará» en denunciar por la vía judicial o con movilizaciones cualquier recorte que en la Ley de Costas. A su juicio, puede hacer peligrar los últimos tramos de costa virgen y proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Baleares, las concesiones de costas para los puertos de Pasaia (Guipúzcoa) o Tarifa (Cádiz) o el desarrollo macrourbanístico en El Palmar «tendrían vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa», según recoge Efe.

Arias Cañete enmarcó su anuncio sobre la ley de Costas en una serie de medidas encaminadas a la «simplificación de la normativa medioambiental» para «agilizar los trámites administrativos y evitar que se conviertan en freno para las inversiones». «El objetivo de acortar plazos se hará respetando escrupulosamente todas las garantías medioambientales exigibles», si bien imprimiendo «la celeridad que requieren los ciudadanos en estos tiempos». Según el ministro, «se revisarán todos los expedientes en tramitación y se pondrán en marcha los pendientes de Declaración de Impacto Ambiental» en colaboración con las comunidades autónomas.

Asimismo, Miguel Arias Cañete avanzó que promverá un gran pacto nacional sobre el agua y se comprometió a fomentar la utilización de los parques nacionales de forma compatible con el respeto a los valores medioambientales.