Barcelona endurece su veto contra la prostitución callejera

La demanda y ofrecimiento de servicios sexuales en espacios públicos ya estaba prohibido en Barcelona desde que entró en vigor la ordenanza de convivencia, en 2006. Sin embargo, el gobierno municipal, que desde 2011 lidera el alcalde Xavier Trias (CiU), espoleado por el grupo municipal del PP, en la oposición, abanderado de esta iniciativa, promovieron la reforma de la normativa que es desde ayer firme.

La nueva ordenanza distingue entre prostitutas y clientes -incluso habla de «clientes potenciales»- o proxenetas, y es más severa con estos. Antes, admitía sanciones de hasta 750 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales en plena calle. En cambio, ahora dicta que las multas para las prostitutas serán desde 100 hasta 750 euros (las más altas son si se ejerce a menos de 200 metros de una escuela), mientras que para clientes o proxenetas serán de 1.000 a 1.500 euros. Sí se mantiene igual para todos la multa por mantener relaciones sexuales retribuidas en plena calle, que puede ser de entre 1.500 y 3.000 euros.

Al margen de distinto baremo sancionador, el Ayuntamiento favorece a las meretrices porque ellas podrán conmutar su multa si participan en un curso de inserción social de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabako Sexual (Abits), que lleva años funcionando, y que se verá reforzada con un aumento de presupuesto.

Otro cambio sustantivo de la nueva norma es la supresión del aviso previo de los agentes antes de multar (en la práctica solo se sancionaba si los infractores persistían en su actitud).

Con todo, el Consistorio señaló que en los primeros días de vigencia de la nueva norma solo se multarán las conductas más graves y los agentes primarán la tarea de informar.