El Vaticano pide que los profesores de escuelas católicas respeten «un código de conducta»

El dicasterio para la Educación Católica enmarca el problema en «el proceso de globalización y en el crecimiento del diálogo interreligioso e intercultural» y para afrontarlo propone un principio general enunciado por el Papa Francisco: «No podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos identidad».

El Vaticano no ofrece una lista precisa de elementos que certifican la índole católica de un centro, pero sí una serie de indicaciones generales.

Por ejemplo, subraya que en las escuelas católica se promueve la «síntesis entre fe y cultura» . Significa que los alumnos, además de seguir «el programa educativo desarrollado con competencia científica», son «guiados para que miren más allá del limitado horizonte de las realidades humanas».

Recuerda que los padres son los «primeros responsables de la educación», «tienen el derecho de elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales puedan proveer a la educación católica de sus hijos».

Por eso, cuando deciden llevar a sus hijos a un colegio católico, el punto más delicado es el papel de los profesores, pues ellos «aseguran que la escuela católica cumpla su proyecto educativo».

Por eso, quienes dirigen cada centro escolar deben, «siguiendo la doctrina de la Iglesia, interpretar y establecer los parámetros necesarios para la contratación de los profesores», y del «personal administrativo».

En concreto, la dirección del centro deberá «informar a quienes va a contratar de la identidad católica de la escuela y de sus implicaciones, así como de su responsabilidad de promover dicha identidad. Si la persona contratada no cumple con las condiciones de la escuela católica y su pertenencia a la comunidad eclesiástica, la escuela tomará las medidas oportunas. También podrá decidirse la dimisión, teniendo en cuenta todas las circunstancias de cada caso».

Concretamente, «los profesores y maestros han de destacar por su recta doctrina e integridad de vida». Según el Vaticano, si no son católicos o no profesan ninguna religión, «una vez contratados, están obligados a reconocer y respetar el carácter católico de la escuela». Y aclara que «el despido debe ser la última opción, legítimamente tomada después de que todos los demás intentos de resolución hayan fracasado».

El Vaticano solicita claramente « establecer criterios claros de discernimiento de las cualidades profesionales, de la adhesión a la doctrina de la Iglesia y de la coherencia de vida cristiana de los candidatos», para evitar injusticias. Lógicamente recuerda que «la presencia predominante de un grupo de profesores católicos puede garantizar el éxito de la aplicación del proyecto educativo correspondiente a la identidad católica de los centros escolares».

Si un colegio se presenta como católico, «todo acto oficial de la escuela debe ser acorde con su identidad católica, respetando plenamente la libertad de conciencia de cada persona. Esto también se aplica al currículo de la escuela».

Eso sí, pide a los obispos que sean prudentes antes de tomar medidas ante «una supuesta desviación de la catolicidad de una institución educativa», pues «las declaraciones apresuradas no ayudan a resolver los conflictos». La propuesta es «elaborar soluciones reales y duraderas».

Recuerda que para que una escuela sea «católica» debe trabajar en unión con la Iglesia, lo que «requiere el reconocimiento de la autoridad eclesiástica, es decir, por regla general, del obispo». Por lo tanto, «ninguna escuela puede presentarse como escuela de hecho católica, sin tener formalmente este título».

«El obispo tiene el derecho y el deber de dar disposiciones relativas a la organización general de las escuelas católicas en su diócesis», aclara. Por eso, «si constata alguna violación de la doctrina o de la disciplina eclesiástica, debe pedir a las autoridades de gobierno del colegio que las corrijan».

Además, «tiene el derecho a nombrar o, al menos, aprobar a los profesores de religión, así como remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o moral», pero debe «explicitar las razones y las pruebas decisivas que justifican una posible remoción».

Significa que las escuelas católicas deben afrontar sus problemas con estilo cristiano. Por ejemplo «el cierre o el cambio de la configuración jurídica de una escuela católica por dificultades de gestión». El Vaticano pide que no se afronte «considerando el valor financiero de los edificios y propiedades con vistas a su venta, o transfiriendo la gestión a organismos alejados de los principios de la educación católica para crear una fuente de beneficios económicos». Solicita al obispo que consulte «a todas las partes interesadas con el fin de evaluar todas las soluciones posibles para salvaguardar la continuidad del servicio educativo».

«También se dan casos en los que las leyes estatales imponen opciones en contraste con la libertad religiosa y la propia identidad católica de un colegio». En esos casos el Vaticano propone «una razonable defensa de los derechos de los católicos y de sus escuelas, tanto mediante el diálogo con las autoridades del Estado como recurriendo a los tribunales competentes».

La larga instrucción recuerda que un «carácter distintivo» de la enseñanza católica es que son « escuelas para todos, especialmente para los más débiles ». Les pide que no se encierren y que prepare «a los alumnos para que ejerzan su libertad de forma responsable, formándoles en una actitud de apertura y solidaridad». La misma que pide a ellas mismas que pongan en practica cuando tengan que discutir.