El último golpe a la mina de uranio de Retortillo (Salamanca)

Según el Ayuntamiento, Berkeley no es propietaria de los terrenos, que abarcan una carretera comarcal y los vecinos por cuyos terrenos se podría desdoblar, no quieren venderlos. La negativa a la licencia urbanística se suma al tortuoso proceso pendiente por resolver para que salga adelante el proyecto (en el que figuran varias explotaciones en la zona así como una planta de tratamiento). Berkeley sigue pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el almacenamiento de los desechos , además de la autorización final de la explotación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Desde que en 2013 la empresa comenzara a obtener los primeros permisos, el proyecto ha estado envuelto en polémica , quejas de los ecologistas y preocupación por parte Portugal, ya que una de las instalaciones se ubicaría a 50 kilómetros de la frontera. Por su parte, Berkeley ha recibido hasta 22.850 peticiones de empleo, de las cuales 400 provienen de los pueblos colindantes a la mina. «El daño que han hecho a la convivencia esperemos que se cure con el tiempo. Hay gente que ve la mina como una oportunidad de empleo mientras nosotros vemos el daño que puede hacer a la zona», dice José Ramón Barrueco, portavoz de Stop Uranio.

La empresa confiaba en poder comenzar a operar a finales de 2018, pero el plazo ha ido alargándose. «Hay una serie de trámites burocráticos y judiciales que no van a poder solventar », asegura Barrueco, que recuerda que también hay pendiente un fallo de la Audiencia Nacional sobre la autorización previa a la instalación que fue concedida por el Ministerio de Industria y que ya está visto para sentencia.

Mientras, la empresa se sigue ciñendo al proyecto presentado , aunque el pasado mes de julio el CSN requirió nueva documentación a la empresa sobre las instalaciones . El plan de la empresa australiana era almacenar los desechos en el «hueco minero», una práctica que aunque existe, requiere que se «justifique adecuadamente , contrastando los beneficios con los detrimentos esperados», decía el informe, que también señalaba que debería incluirse el coste de vigilar las instalaciones tras el cierre de la mina «ya que este coste se atribuye a las instituciones» en el proyecto de la minera. La nueva documentación fue enviada el pasado mes de septiembre, según comunicó la empresa.

Todo el proceso, no obstante, podría quedar invalidado . El último paso, el de la autorización por parte del ministerio que dirige Teresa Ribera, podría echar abajo el proyecto incluso aunque el informe del CSN fuera positivo. Según informó Reuters en octubre, el Ejecutivo esperará a que se resuelvan los procesos en marcha, pero se opondrá a la apertura. Una información que provocó fuertes caídas de Berkeley en bolsa.