Suspenso ecologista a Zapatero
Activistas de Greenpeace cubrieron con una gigantesca tela verde el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) el pasado febrero | EFE

Suspenso ecologista a Zapatero

A pocos días de que se cumpla un año desde las elecciones generales, las organizaciones ecologistas han hecho balance de la política ambiental del Gobierno y su conclusión es clara: suspenso general, pues ha habido claros retrocesos

A. ACOSTA | MADRID
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Suspenso general. Esta nota es la que otorgan las cinco principales organizaciones ecologistas de nuestro país a la política ambiental del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Los representantes de las organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) presentaron ayer en Madrid el documento «Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental», que hace un balance de la gestión ambiental del Gobierno a punto de cumplirse un año de las elecciones generales.

Un balance que puede resumirse, según Liliane Spendeler, secretaria general de Amigos de la Tierra, en que «la política ambiental ha desaparecido de las prioridades del Gobierno». Para demostrarlo, el documento enumera por sectores toda una serie de actuaciones del Gobierno que van en contra de la conservación del territorio y la naturaleza, en unos casos, y en otros contradicen las promesas electorales del partido en el Gobierno.

Cambio climático

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en su campaña electoral a considerar el cambio climático como uno de los tres ejes clave de su política. Sin embargo, según denunció el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, la única preocupación del Gobierno es cumplir con los objetivos que marca el protocolo de Kioto a través del comercio de emisiones o de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, esto es, «sin que se produzca una reducción efectiva de las emisiones contaminantes». Asimismo, López de Uralde criticó que en el marco de la negociación europea España apoye la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, en lugar de ir hacia una economía baja en carbono.

Energía

La política energética adolece de falta de transparencia, según los ecologistas, pues el Ministerio de Industria está preparando la Prospectiva energética a 2030, que debe marcar la política en este campo hasta ese año, sin la participación de los grupos ecologistas. Asimismo, criticaron que se haya puesto un máximo de instalación de megavatios a la energía solar, «cuando no se hace lo mismo con las energías sucias», según López de Uralde. Además, en contra de la promesa del presidente del Gobierno, no se ha concretado el compromiso de elaborar un calendario de cierre de las centrales nucleares. Muy al contrario, el pasado domingo comenzó en la central nuclear de Garoña una recarga de combustible, que debería ser la última ya que su permiso de explotación caduca el próximo mes de julio, si bien el Gobierno aún no se ha pronunciado sobre una prórroga a su permiso.

Transporte

Los ecologistas denuncian que se está apostando por una política insostenible de construcción de autovías y líneas de AVE, incluso donde la demanda no lo justifica. Es el caso de la autovía entre Cáceres y Badajoz, que además de «no contar con el paso mínimo de vehículos para justificarla, atraviesa muchas zonas protegidas, como la Sierra de San Pedro», según explicó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Además, bajo la excusa de la crisis, se están promoviendo políticas totalmente insostenibles como el impulso a las grandes obras públicas del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.

Calidad del aire

La Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra España por mala calidad del aire y a pesar de ello el Gobierno no está adoptando las medidas necesarias para poner fin a un problema que provoca más de 16.000 muertes prematuras cada año.

Urbanismo y ordenación del territorio

Según denunció Luis González, secretario general de Ecologistas en Acción, «en este último año se está produciendo un auténtico trasvase de dinero público para evitar el hundimiento del sector inmobiliario, sector que está en el origen de los problemas ambientales (destrucción de nuestro patrimonio natural) y sociales más importantes de nuestro país».

Agua

En este aspecto, tan importante en un país mediterráneo como el nuestro, donde las sequías se producen de forma cíclica, los ecologistas lo tienen claro: simplemente «no hay política» en esta materia. En este sentido, el director ejecutivo de SEO/BirdLife, Alejandro Sánchez, dijo que «existe una gran indefinición, no sabemos si el Gobierno va o viene, si plantea un trasvase o no, por lo que exigimos una clarificación de la política del agua, porque hay indicios de que se está volviendo a una política de oferta del recurso en lugar de gestionar las demandas». En este punto, y en los dos que vienen a continuación (Agricultura y Mares y costas) Sánchez considera que es evidente «el experimento fallido» que ha supuesto la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura y Pesca.

Agricultura

Salvo algunos «tímidos avances» en desarrollo rural, derivados de la aprobación de una normativa de la legislatura anterior, los ecologistas consideran que la Política Agraria Común es «más de lo mismo», al tiempo que denuncian «un giro bastante importante en materia de organismos genéticamente modificados», pues nuestro Gobierno es «el que con más insistencia defiende en Bruselas los cultivos y productos transgénicos», según Alejandro Sánchez.

Mares y costas

Aquí es donde los ecologistas consideran que ha habido mayor retroceso en la conservación. A pesar de la creación de la Secretaría General del Mar, una reivindicación que durante años realizaron estas organizaciones, éstas consideran que se está haciendo «un doble juego». Así, por un lado mantienen la veda de la anchoa y por otro apoyan políticas insostenibles como la pesca del atún rojo, especie al borde del colapso. En cuanto a la protección de nuestras costas, se ha producido «un giro muy negativo», según Sánchez. Así, «de tapadillo», según el representante de SEO/BirdLife, se ha modificado la Ley de Costas, a través del proyecto de Ley General de Navegación Marítima, para permitir la compra-venta de construcciones ilegales en el Dominio Público Marítimo Terrestre. Esto, al mismo tiempo que sigue sin demolerse el hotel ilegal de El Algarrobico y de que se ha paralizado la política de compra de tierras en el litoral puesta en marcha por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Bosques y biodiversidad

«Hay una parálisis absoluta», según Alejandro Sánchez. Los ecologistas denuncian que no existen políticas activas para frenar la pérdida de biodiversidad. Las principales amenazas para la fauna y la flora siguen operando sin ninguna cortapisa. La política forestal española continúa siendo prácticamente inexistente y hay una falta de iniciativa para reforzar la protección de las masas forestales autóctonas.

Ante esta situación, las organizaciones ecologistas coinciden en que el medioambiente ha perdido gran parte del peso político que tuvo en la anterior legislatura y en que la política ambiental ya no es una prioridad para el Gobierno de Rodríguez Zapatero.