África

Menos de ocho euros al año para garantizar los servicios de salud sexual en regiones en desarrollo

Un nuevo informe pide a gobiernos, grupos de la sociedad civil y agencias internaciones que se comprometan a una nueva agenda

AFP

09/05/2018
Actualizado 10/05/2018 a las 13:14h.

Cada año se producen 25 millones de abortos inseguros en todo el mundo, más de 45 millones de mujeres reciben atención prenatal inadecuada, o no reciben atención alguna, y, en determinadas regiones en desarrollo, más de 30 millones de madres dan a luz a sus bebés fuera de un centro de salud. Además, cerca de dos millones de personas se infectan con el VIH al a ño y más de 200 millones de mujeres intentan evitar el embarazo sin usar medidas efectivas y seguras.

Para combatir estas cifras y alcanzar los objetivos globales de salud y desarrollo hay que invertir en educación y en salud sexual y reproductiva y realizar intervenciones integrales. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva salva vidas, mejora la salud y el bienestar, promueve la igualdad de género y aumenta la productividad y el ingreso familiar por lo que tiene impacto positivo en el desarrollo económico y en el bienestar de la humanidad. A través de acuerdos internacionales, los gobiernos se han comprometido a llevar a cabo este tan necesario como ambicioso proyecto; sin embargo su implementación se ha visto entorpecida por la falta de compromiso político, unos recursos inadecuados, la falta de voluntad para abordar la sexualidad de una manera abierta y la persistente discriminación contra las mujeres y niñas.

Los expertos en salud, desarrollo y derechos humanos quieren alzar la voz y ser escuchados y, por ello, han presentado hoy un nuevo informe en Johannesburgo (Sudáfrica) para explicar la magnitud de las necesidades que hay en materia de salud y de los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). La Comisión Guttmancher-Lancet -compuesta por 16 comisionados originarios de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur- ha pedido a los gobiernos, grupos de la sociedad civil y agencias internaciones que se comprometan a una nueva agenda que pone el acento en lograr un acceso universal a la salud y en asegurar los derechos sexuales y reproductivos. Los expertos califican dicha agenda de audaz e inciden en que es asequible , alcanzable y esencial para mejorar la salud, el desarrollo equitativo y garantizar el respeto universal de los derechos humanos para todos. El Dr. Alex Ezeh, Copresidente de la Comisión y antiguo Director Ejecutivo del African Population and Health Research Center defendió un «enfoque integral que no pase por alto componentes críticos como el acceso al aborto legal y seguro, la prevención de cánceres reproductivos o el tratamiento de la infertilidad».

Contra la violencia de género

Otro demoledor dato que no se puede pasar por alto es que una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia de género , normalmente por parte de su pareja, en algún momento de su vida. Según la Directora Ejecutiva del Guttmacher Institute, Ann M. Starrs, disponen de una hoja de ruta para superar realidades tan crudas como ésta: «Tenemos los medios y el conocimiento para lograr que la salud y los derechos sexuales y reproductivos sean universales. El progreso significativo es posible, es asequible y es vital.

Inversión asequible, muchos beneficios

Con 9 dólares americanos (unos 7,5 euros) por persona al año se podrían satisfacer las necesidades de anticoncepción moderna, aborto seguro y servicios de salud materna y neonatal en regiones en desarrollo . «Sabemos que, en todo el mundo, las inversiones en salud y derechos sexuales y reproductivos producen grandes beneficios para las personas, las comunidades y los gobiernos», dijo Dr. Aaron Motsoaledi, Ministro de Salud de Sudáfrica.

El éxito del proyecto no recae exclusivamente en la implementación de programas efectivos si no en hacer avanzar asimismo derechos tales como el acceso al aborto legal y seguro y a poder elegir a las parejas sexuales libremente. Además, la comisión pide que se busquen cuales son las necesidades de salud sexual y reproductiva de poblaciones específicas, especialmente, aquellas más vulnerables y marginadas como personas con discapacidad o refugiados.