La ministra de Justicia dice que el fallo del catalán es «firme y hay que ejecutarlo»

Al preguntarle por la reacción del Govern catalán que ha calificado la resolución del Supremo de «injerencia », Llop ha explicado que a partir de ahora se deberá abrir un plazo de dos meses para «reclamar a la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia». «Veremos a ver cuál es la respuesta de la Generalitat y dependiendo de lo que haga se irán dando pasos», ha concluido la ministra de Justicia.

Respecto al acuerdo alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana sobre la nueva Ley Audiovisual, Llop ha rechazado las afirmaciones del portavoz de la formación independentista, Gabriel Rufián, en las que atribuía a su partido haber «obligado» al ejecutivo a aceptar una cuota del 6% de los contenidos de las plataformas en lenguas cooficiales .

«A nosotros nadie nos tiene que obligar de una cosa que es constitucional; es una sensibilidad de la sociedad en determinadas comunidades y territorios donde las personas hablan otras lenguas oficiales que son cooficiales con el castellano y hay que reconocer y respetar la constitución», ha precisado la titular de Justicia.

Asimismo, ha añadido que «el PSOE es un partido respetuoso con la Constitución, que votó la Constitución, que trabajó en toda la fase de la Transición y reconoce la singularidad de los territorios, la singularidad de las autonomías, respeta ese dialogo horizontal territorial y, por supuesto, respeta las lenguas oficiales».

Por su parte, el primer secretario electo del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que no cree que la resolución del Tribunal Supremo (TS) «comprometa que el catalán siga siendo la lengua central» en la escuela catalana, después de que el TS haya reafirmado la obligación de impartir al menos el 25% en castellano.

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, Illa ha expresado su respeto por las decisiones judiciales y ha destacado que los socialistas mantienen un «compromiso claro» con el catalán como lengua vehicular.

El líder de los socialistas en el Parlament no ve mal que se imparta una materia en castellano además de la de lengua en sí, aunque preferiría que el porcentaje fuera flexible y que cada centro pudiera escoger en función de su situación.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también se ha pronunciado a este respecto.Ha defendido que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. «El Gobierno no tiene esas competencias», ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntada en concreto sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia de Supremo. Eso sí, Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecutiva cuando le corresponde.