La ley del ‘solo sí es sí’ costará 23 millones al año a las arcas públicas

Las partidas de gasto que crea la ley se dividen en cuatro grandes bloques. Los derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas es el más cuantioso y totalizará 10,9 millones. Aquí se incluyen el derecho a la prestación por desempleo de aquellas que extingan su contrato de trabajo, (6.942 euros de media por afectada); la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por las víctimas que suspendan su relación laboral, (2.807 euros de media por mujer); o considerar cotizado el periodo de suspensión del contrato (468 euros de media por víctima).

Por volumen de coste, el siguiente bloque es el de las ayudas económicas a las víctimas y que Igualdad cuantifica en 5,8 millones, a razón de 2.711,52 euros por cada una de las 2.167 mujeres que prevé que tengan derecho a ellas cada año. La implantación de las medidas de estrategia nacional costará 4,7 millones y, por último, el nuevo personal del que tendrá que dotarse el Ministerio de Justicia requerirá 1,4 millones. Esta última partida obedece a la creación de 29 unidades de valoración forense integral, con un coste de 133.659 euros cada una al estar integradas por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social. Montero recomienda, además, «un refuerzo de la plantilla existente» de Justicia para garantizar la especialización de sus equipos técnicos.

La nueva ley ‘del solo sí es sí’ también alterará las cuentas de ayuntamientos y autonomías, que tendrán que cofinanciar algunos de los servicios previstos. Es el caso, por ejemplo, de los llamados «espacios públicos seguros» que serán responsabilidad de los consistorios, o el mantenimiento de los «centros de crisis 24h» dependientes de las comunidades.

Este último punto vuelve recoger una polémica que ya se avanzó en febrero: la dedicación de 19,8 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –núcleo de los nuevos fondos europeos– a créditos para instaurar esos centros de crisis. La finalidad del citado mecanismo, según el plan presentado por Moncloa en octubre, es «apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión». Un enunciado que alejado de los objetivos perseguidos por la ley de Libertad Sexual. De hecho, su Memoria señala que «no tiene impacto directo sobre la economía en general (...), la competencia, la unidad de mercado, ni la competitividad».

No obstante, el coste no es la única novedad que rodea a esta ley. Los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, a los que también ha tenido acceso ABC, recogen recomendaciones sobre el tratamiento legal de la prostitución que Irene Montero desoyó completamente.

Los fiscales reclamaron el endurecimiento del concepto de lucro para castigar la obtención de «cualquier beneficio» por la explotación de la prostitución pero el equipo de Montero lo rechazó, manteniendo que si hay consentimiento de la mujer no hay castigo para el proxeneta. Igualdad ignoró a los fiscales porque sostiene que su propuesta «supondría castigar cualquier tipo de conducta que de alguna manera favorezca el ejercicio de la prostitución» y que este «es el planteamiento que se critica desde posiciones no abolicionistas» porque podría suponer «una marginación o desprotección de las prostitutas». El ministerio de Irene Montero admite que su ley «no llega hasta ese punto» propuesto por los fiscales, pero destaca que «sí procura castigar el proxenetismo» en alusión a que elevó las penas en caso de coacción. Argumenta también que la propuesta del Consejo Fiscal «implicaría un cambio radical de modelo que conduciría a negar la diferencia» entre prostitución ejercida con coacción o sin ella. A su juicio, los fiscales no están «necesariamente en la misma línea que las normas aprobadas en materia de trata de seres humanos» y que centran la atención en que exista coacción.

Además, tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General reclamaron que la nueva regulación llegara más lejos en los castigos relacionados con el enriquecimiento de los dueños de los locales donde se explota a mujeres. En concreto, propusieron que se castigara esta conducta con el tipo básico ya que la ley de Montero solo prevé sanción en caso de habitualidad –de carácter agravado–. Igualdad también descartó esta petición. Considera que «la gravedad de la conducta» de los propietarios de clubes es menor que la de quien directamente explota la prostitución ajena» ya que «se trata de una mera conducta de favorecimiento» que no constituye «necesariamente» participación.

Igualdad tampoco escuchó las recomendaciones del Consejo de Estado sobre estas cuestiones. El organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega advirtió de la «complejidad que reviste la regulación del fenómeno de la prostitución» y reclamó «una reflexión más sosegada e independiente del marco normativo que aquí se proyecta». En esta línea consideró que este contenido debía «madurarse y ser objeto de algunas reflexiones adicionales» así como «de un debate social más amplio y con un concurso multidisplinar de expertos». Todo ello para «mejorar la argumentación» y en aras de una «adecuada articulación jurídica». La vicepresidenta Carmen Calvo ha asumido la tarea de redactar un nuevo texto con el objetivo de abolir la prostitución, en lo que será un nuevo pulso político dentro de la coalición.