Magistradas españolas ven la condena a Juana Rivas «desproporcionada» y alejada de «la realidad social»

En un comunicado difundido por su presidenta, la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Gloria Poyatos , la AMJE expresa « su absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales », pero también denuncia la desproporción que observa en la condena de cinco años de cárcel impuesta por un Juzgado de Granada a Rivas por sustracción de menores ha informado Efe.

Este colectivo de mujeres juezas subraya « la gravedad y transcendencia » de las penas dictadas contra Juana Rivas, porque además van a suponer que sus dos hijos «pierdan el vínculo con su madre, a pesar de que todos los informes de especialistas, incluido aquél en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora».

«Desde AMJE , seguimos manteniendo que lo que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social no son sino el producto de ignorar la obligación de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho y, con ella, interpretar la norma salvaguardando los Derechos Humanos», alegan

Este grupo de mujeres juezas lamentan que en los tribunales se sigan manejando «estereotipos » como el que describe al maltratador como un ser «primario y atávico», cuya conducta «forzosamente tiene que ser perceptible, no solo por la víctima, sino también por su entorno», o el que cuestiona el testimonio de una mujer « por no haber denunciado los hechos mientras el maltrato se producía ».

Esterotipos como esos, añade este grupo de juezas, «llevan a valoraciones de la prueba e interpretaciones de la norma que, aunque legales, co rren el riesgo de consagrar una manifiesta injusticia ».

En este sentido, recuerdan que el Tribunal Supremo ha fallado hace solo un mes que no puede tomarse como «un elemento negativo hacia la víctima la circunstancia de que tarde en denunciar en hechos de violencia de género, dadas las especiales circunstancias que rodean a estos casos en los que las víctimas pueden tardar en tomar la decisión en denunciar por tratarse el denunciado de su pareja o expareja».

Al respecto, subrayan que «la no integración de esta perspectiva y un posicionamiento de la Justicia que no atendió suficientemente las denuncias de maltrato realizadas por la madre de una menor» ya provocó que el Comité de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFAW, en inglés), condenase a España por el asesinato de la hija de Ángela González.

Esa sentencia, añade, recomendaba a España « tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos».

« No podemos persistir en los mismos errores y seguir ignorando los mandatos legales y jurisprudenciales que exigen una Justicia que pondere adecuadamente los hechos y el derecho aplicable tomando como base, siempre, el principio de igualdad y la protección de los y las menores. Debemos dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena», recalca la AMJE.