Representantes del Gobierno en funciones y de la carrera judicial, ayer, durante el encuentro
Representantes del Gobierno en funciones y de la carrera judicial, ayer, durante el encuentro - EFE

Los jueces asumen la perspectiva de género para futuras sentencias

Uno de cada cinco magistrados se inscribe en la primera promoción del curso especializado

MadridActualizado:

Mil y una mujeres asesinadas en España desde 2003. El 80%de ellas no habían presentado denuncia contra sus agresores, y el 73% residían en municipios de menos de 100.000 habitantes. Además, tres de cada cuatro, el 75%, tenían hijos con el maltratador, lo que concedía a éste cierta impunidad. Y el entorno familiar, a pesar de conocer esta terrible situación, denunció en apenas un 5 al 7% de los casos. Así queda el esbozo de los últimos años de violencia machista, que se encargaron de trazar ayer las principales instituciones implicadas en combatirla y que llevaron en su agenda a una «cumbre» de seguimiento del Pacto de Estado. Así que el SOSlanzado por la presidenta del Observatorio contra esta violencia,María Ángeles Carmona a las puertas de la sede del Poder Judicial, fue claro: «Hay que estar vigilantes, sobre todo, para proteger a las madres del medio rural, donde se producen la mayoría de los crímenes».

Carmona hizo un salto en la reunión y reveló que, en materia judicial, la primera promoción de magistrados especializados en violencia sobre la mujer estará lista en 2020. De hecho, de los 5.419 jueces que componen la carrera en España, se han recabado 1.650 solicitudes de 1.134 jueces (algunos de ellos han dirigido más de una petición) para realizar el curso de formación en perspectiva de género. El curso tiene una carga lectiva de 50 horas y una duración de dos meses. En total, esa primera promoción estará formada por 649 magistradas y 485 magistrados de toda España, un «éxito rotundo», a juicio de la vocal del Poder Judicial, porque «uno de cada cinco jueces» va a imprimir este sello en sus sentencias. En el temario del que tendrán que examinarse estos jueces se incluirán materias como la «conciliación de la vida familiar y laboral» y su influencia en el ámbito de género.

La juez Carmona celebró que esta medida, contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado en 2017, es una «de las primeras implantadas» en la legislación. De este modo, todos los jueces que quieran ir con preferencia a tribunales con estas competencias tendrán que haber aprobado el curso de especialización.

Con el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, encabezando este encuentro, la presidenta del Observatorio celebró que sea precisamente la «sentencia del TS sobre la Manada» la que marque el paso en este nuevo paradigma de género. «Va a influir en todas las resoluciones judiciales que se dicten en España y es una buena noticia porque acompasa el derecho con el sentir de nuestra sociedad».

A la entrada del acto, donde asistieron los responsables de Justicia e Interior, Dolores Delgado y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, advirtió contra las «actitudes machistas, misóginas e insultantes» de Vox, que están destrozando el trabajo que se viene haciendo contra el maltrato. La también ministra de Igualdad mostró su preocupación por la entrada del partido de Santiago Abascal en los ayuntamientos, donde se reparten 20 de los 200 millones presupuestados para el cumplimiento del Pacto de Estado contra esta lacra.

Refuerzo policial

Al margen de discusiones políticas, ayer todas las Fuerzas del Estado escenificaron el trabajo coordinado que precisa la lucha contra la violencia sexista y la necesidad de no dar «ni un paso atrás» en un acuerdo, que lleva activo nueve meses y que «precisa de toda la sociedad», insistieron en una declaración conjunta. Ese trabajo nace, entre otras iniciativas, del refuerzo de plantillas policiales y funcionarios judiciales especializados en el combate diario contra estos homicidios. Durante la reunión, Marlaska avaló que se ha incrementado la plantilla, pasando de 1.930 funcionarios el año pasado hasta 2.100 en 2019.