Pedro Sánchez y el funeral laico

Por el contrario, las familias que han tenido la desgracia de tener que despedir a un ser querido lo han hecho mayoritariamente según los ritos de las confesiones que practican.

Que el Gobierno asistiera al funeral que, parece ser, los obispos van a celebrar en la Catedral de la Almudena en los primeros días de julio, o que facilitara la organización de un acto interreligioso, ni es contrario a la Constitución, ni atenta contra los principios de la laicidad positiva. Como aclaran los catedráticos Jaime Rossell y Ricardo García, en su reciente manual titulado «Derecho y Religión», la presencia de altos cargos del Estado, así como de otros representantes públicos, en diferentes actos religiosos de las distintas confesiones con notorio arraigo existentes en nuestra sociedad debe entenderse dentro de la posición de aconfesionalidad que proclama nuestra Constitución. Una aconfesionalidad que, como señaló el auto del TC 180/1986, de 21 de febrero, «no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de protección».

Ni que se desarrolle de forma singular, con esa presencia, el principio de cooperación con las confesiones religiosas, de tal manera que los poderes públicos adopten una función promocional para hacer real y efectivo el derecho fundamental de la libertad religiosa y de la práctica del culto, del que son titulares tanto los individuos como las confesiones religiosas.

Lo que le faltaba a Pedro Sánchez es revestirse de los ornamentos litúrgicos del culto al dios laicismo y emular la presidencia del primer funeral laico de nuestra historia.