Los obispos urgen al Gobierno "modificar la ley" de matrimonio homosexual

Según señalan los obispos, la lesgislación vigente ha establecido «una insólita definición legal del matrimonio con exclusión de toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer». «Los españoles han perdido así el derecho a ser reconocidos expresamente por la ley como ‘esposo’ y ‘esposa’ y han de inscribirse en el Registro Civil como ‘cónyuge A’ o ‘cónyuge B’», apuntan.

Sin entrar a «hacer juicios sobre la pertinencia jurídica de las sentencias de los tribunales», la máxima cúpula de gobierno de la Conferencia Episcopal, señala que es su obligación, en cambio, «ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes». Por ello, urgen al Gobierno «la modificación de la ley con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca el matrimonio y a la familia». Entre esos derechos señalan el del varón y el de la mujer a «ser reconocidos como ‘esposo’ y ‘esposa’»; y de los niños a «disfrutar de un padre y de una madre».

El director de la Fundación CEU-San Pablo, Raúl Mayoral, también se sumó ayer a la oledad de reacciones que ha generado este polémico fallo. Durante la presentación del Congreso de Católicos y Vida Pública, el jurista afirmó, en la misma línea que los obispos, que «aunque legal» se trata de una legislación «injusta», ya que «introduce elementos de incertidumbre sobre la institución del matrimonio».

«Cuando a una institución como la del matrimonio no se la define con precisión puede caber cualquier cosa», señaló Mayoral, quien aclaró que «se podría haber conseguido el mismo efecto legal si se le hubiera llamado uniones civiles». «Estoy en contra de la terminología no de las uniones homosexuales». Como la inmensa mayoría de los católicos.