El Gobierno se escuda en la «inacción» de Murcia para no declarar zona catastrófica el mar Menor

Murcia pidió hace unos días al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración del mar Menor como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, aprovechando que estaban sobre la mesa las ayudas a las comunidades que han sufrido grandes incendios en el último mes. Pero mientras estas ayudas sí han salido adelante en el Consejo de Ministros de este martes, con hasta 13 autonomías beneficiadas, no lo ha hecho la ayuda solicitada por el Ejecutivo de López Miras .

El Gobierno de Sánchez culpa a la comunidad de la grave situación ambiental en la que se encuentra el mar Menor. En concreto, a un «consentimiento doloso» por parte del Gobierno de Murcia hacia una actividad «irregular» que está siendo lesiva para el medio ambiente, como son los cultivos irregulares en la zona, ha dicho la portavoz.

Según los datos aportados en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, hay 8.000 hectáreas de cultivos ilegales , sin concesiones de agua y haciendo un uso excesivo de los nitratos, que acaban filtrados a la laguna salada. En concreto, hay unos 800 expedientes abiertos por el Seprona y la Fiscalía que no están siendo ejecutados por Murcia, ha asegurado Isabel Rodríguez. Algo que, según la portavoz, es compentencia regional. «No es un problema de competencias sino de dejación de competencias» en la ejecución de las sanciones, ha dicho Rodríguez.

Desde la región de Murcia, sin embargo, aclaran que la consejería solo ha recibido 123 expedientes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio, con resolución firme en vía administrativa, aunque 10 de ellos están fuera del ámbito de aplicación de la ley. De los 113 restantes, se han tramitado ya 77 y 50 ya han concluido con la orden de restitución , y los otros 27 finalizarán en los próximos días, sumando 484 hectáreas más.

Pese a las críticas del Gobierno, la Comunidad argumenta que es la Confederación Hidrográfica la que tiene la competencia para ordenar y ejecutar la eliminación de los regadíos ilegales , y que también podría ejecutar la restitución tal y como hace en el resto de la cuenca del Segura.

Además, mientras Sánchez fija la vista en la agricultura ilegal, Murcia ha pedido otras medidas urgentes, como el cese de vertidos desde la rambla del Albujón o el dragado del canal de Marchamalo, sobre las que, asegura, no tiene competencias y debe contar con el visto bueno gubernamental.

Pasan los días y la crisis ecológica no termina. El final es «imposible de predecir» , apuntan desde el Comité Científico del mar Menor. A la agonía de los peces se suma la desesperación de los vecinos, que ven cómo se repite la tragedia una vez más. La gravedad de la situación supera ya a la vivida en 2019.

« Hay que acabar con los vertidos, hemos hecho hasta donde podiamos hacer », ha dicho la portavoz, que recordó que ya se declaró el acuífero de Campo de Cartagena en situación de riesgo por exceso de nitratos. Pero esta medida se tomó hace ya más de un año, el 16 de julio de 2020, y suponía que la Confederación Hidrográfica del Segura elaborara un plan de ordenación del acuífero y pudiese adoptar medidas cautelares como la dosificación de nitratos.

Este miércoles, la ministra para la Transición Ecológica visitará el mar Menor y se reunirá con los alcaldes de la zona, aunque no se ha confirmado si se reunirá también con el presidente regional y el consejero autonómico. «Lamentamos la situación, pero una situación así no se produce en un día , sino que es la consecuencia de muchos años de inacción y permisibilidad con acciones lesivas», ha zanjado la portavoz del Gobierno.

El anuncio ha sido recibido con pesimismo por López Miras. « Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios en el Mar Menor. Confié en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo. Pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima», ha dicho en redes sociales.