El Gobierno se olvida de los juzgados de violencia de género

Para comprobarlo, basta con recorrer el mapa de España. En un tercio de las provincias y en más del 80% de los partidos judiciales no hay ni un sólo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. A día de hoy siguen funcionando 106, los mismos que se encontró Sánchez cuando llegó a La Moncloa . Y además están concentrados en las zonas más habitadas, por lo que hasta 16 de las 50 provincias y 351 de 431 partidos judiciales que hay en España carecen de estos juzgados exclusivos.

En todas esas zonas del país, las víctimas, denunciantes y acusados de violencia de género son atendidos en órganos denominados compatibles . Es decir, de Primera Instancia e Instrucción como los que ya había antes y que llevan otros muchos asuntos penales y civiles, por lo que no pueden ofrecer la misma atención judicial contra la violencia de género que el centenar escaso de juzgados que se dedica a ello de forma específica.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no hay ni un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer en las provincias de Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lugo, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y Zamora , además de Ceuta y Melilla. En estos territorios viven más de 4,7 millones de españoles, pero la cifra es mucho mayor si se suman los de otras provincias con alguno de estos juzgados, pero no en su partido judicial, que es el criterio que determina qué órgano le corresponde a cada ciudadano, por lo que en la práctica se encuentran en la misma situación.

La diferencia entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos o solo compatibles es clave, pues asumen estos casos desde que se denuncian hasta que llegan a juicio, por ejemplo con órdenes de protección y otras medidas cautelares, arrestos del presunto agresor o la propia instrucción de la causa (recabar pruebas y tomar las primeras declaraciones a las partes implicadas). Un periodo de tiempo que es vital –y en algunos casos fatal– para las víctimas y sus familias cuando se deciden a denunciar ante la Justicia.

Si los juzgados que se encargan de todo eso antes del juicio, encima tienen que compaginarlo con otros muchos asuntos penales y civiles, no hace falta explicar que la atención a la víctima no puede ser la misma en un órgano sólo compatible que en uno exclusivo. De estos últimos, que son los más eficaces y necesarios para combatir esta lacra, el Gobierno de Sánchez no ha creado ni uno en tres años y medio . La semana pasada anunció los dos primeros, que no empezarán a funcionar hasta la próxima primavera: uno en Zaragoza (que ya tenía dos) y otro en Cáceres.

Así, el cuarto año de Sánchez en La Moncloa arrancará con 15 provincias enteras y el mismo 80% de partidos judiciales sin juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer. Y eso que en su último programa electoral para las dos elecciones de 2019 aseguraba que la lucha contra esta lacra era una «cuestión urgente» en la que «debemos seguir profundizando», con «especial atención» a las «mujeres del ámbito rural» .

Pues resulta que ese tercio de provincias y esos cientos de partidos judiciales son precisamente donde viven más «mujeres del ámbito rural» . La misma extensión de España en la que, desde mediados de 2018, el Gobierno de Sánchez no ha puesto en funcionamiento ni un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer: sólo ha anunciado el citado de Cáceres, que no empezará a funcionar hasta marzo del próximo año.

Lo mismo ocurre con los tribunales que se encargan de la última fase de estos casos, la del juicio oral, una labor que corresponde a los juzgados de lo Penal. El programa socialista de 2019 prometía el «pleno desarrollo presupuestario y legislativo» para especializar estos órganos de enjuiciamiento. Es una medida que ya estaba en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género , aprobado por unanimidad en septiembre de 2017, durante la última etapa de Rajoy al frente del Ejecutivo. Ese acuerdo incluía numerosas propuestas, entre ellas especializar más tribunales que juzgan a los agresores para dar una mejor respuesta desde la Justicia también a través de las sentencias.

De hecho, el Pacto de Estado y la propia Ley de Violencia de Género, que este mes cumple 17 años, exigen que haya al menos uno de estos órganos especializados en cada provincia. Nada más llegar al Gobierno, el PSOE de Sánchez presentó una proposición de ley para impulsar la especialización de los juzgados de lo Penal, ya que, como se quejaban entonces los socialistas, sólo había 26 en todo el país. Poco después, a finales de 2018, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial con ese objetivo. Tres años y medio después, siguen siendo casi los mismos : apenas 32, que no llegan ni al 10% de todos los juzgados de lo Penal que hay en España. Más del 90% de ellos continúan enjuiciando unos 30.000 casos de violencia de género al año sin estar especializados.

Y, de nuevo, con grandes diferencias territoriales: 27 de las 50 provincias siguen sin juzgados de este tipo , incluso varias autonomías enteras. No hay ninguno en toda la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia o La Rioja. Tampoco en dos provincias del País Vasco, Aragón y Andalucía ni en la mitad de Galicia, Canarias y Extremadura, además de Lérida, Guadalajara y Melilla. Es decir, casi 17,5 millones de españoles viven en zonas sin un solo juzgado de lo Penal especializado en violencia de género, lo que incumple el Pacto de Estado de 2017 y la reforma legal que impulsó el propio Gobierno de Sánchez hace tres años y medio.

De hecho, el CGPJ propuso ya en febrero de 2020 especializar otros 33 juzgados de lo Penal y crear siete nuevos para que hubiera al menos uno en cada provincia, teniendo en cuenta que las grandes capitales acumulan varios. Casi dos años después, más de la mitad del país sigue como estaba. Hasta el punto de que se puede hablar no ya de víctimas primera y de segunda, sino incluso de tercera . Son aquellas que viven en provincias enteras sin un juzgado exclusivo para proteger a las víctimas ni un tribunal especializado para juzgar a los agresores. Y no son pocas, nada menos que doce, la cuarta parte del territorio nacional: Ávila, Guadalajara, Huesca, León, Lugo, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

Algo que tampoco se explica por el volumen de casos o de población . Así, por ejemplo, en la provincia de Toledo, con más de 700.000 habitantes, no hay ni un solo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, pero sí en Álava, Burgos o La Rioja con la mitad de población.

En otras como León, con más de 450.000 personas, directamente no hay ninguna de las dos cosas: ni juzgados exclusivos ni especializados, a pesar de que la provincia leonesa sumó el año pasado más delitos, denuncias, juicios y asuntos relacionados con esta lacra que otras que sí tienen alguno de estos órganos judiciales.

Lo mismo ocurre en Ciudad Real o Guadalajara, en cada una de las cuales el año pasado hubo más denuncias que en Albacete, la única provincia manchega con un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer.

El magistrado Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre los jueces españoles. Además, tiene amplia experiencia en esta materia porque ha trabajado durante muchos años en juzgados de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Cádiz. Apunta que la falta de medios «genérica y endémica» que arrastra la Justicia española es, sin embargo, «especialmente delicada» cuando se trata de hacer frente a la violencia de género.

«No se explica cómo es posible que las víctimas que residen en tantos sitios de España sin juzgados especializados reciban una atención diferente» que las de otras zonas donde sí los hay, explica este magistrado. Con todo, para Fernández Vaquero el problema de fondo más importante es que este tema «se ha ideologizado» , lo que provoca una «absoluta resistencia a admitir que hay aspectos de la Ley de Violencia de Género que no han funcionado adecuadamente».

Añade que «es indudable que hemos avanzado mucho en los últimos veinte años», pero recuerda que «de nada sirve aprobar leyes que reconocen derechos si luego no se plasman en la realidad por la falta de medios e inversión» . E insiste en que «tampoco sirve de nada encastillarse en una determinada posición ideológica para no admitir que hay cosas que se pueden mejorar».