El conseller de Educación, Josep Bargalló
El conseller de Educación, Josep Bargalló - EFE

La Generalitat reconoce que nunca ha tenido la intención de cambiar su modelo lingüístico en las aulas

El consejero de Educación catalán dice que la Ley Celaá no les afectará: «La ley Wert no se aplicó en Cataluña»

Barcelona/Bilbao/CoruñaActualizado:

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. El documento, consultado por ABC, concede total libertad al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán (la inmersión lingüística obligatoria) y seguir discriminando a los alumnos que piden también que el español sea lengua de uso en las aulas.

El texto, que podría aprobarse a finales de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz verde a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal como establece la Justicia y tal como recoge la Lomce. Además, varias sentencias firmes del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS) reconocen a la Administración General del Estado competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque dan margen a las comunidades para que ellas fijen «la proporción razonable» de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad. Ahora, este criterio de «razonabilidad» desaparece del texto de la ministra Isabel Celaá y deja, así, la lucha contra la inmersión en el punto de partida.

«No íbamos a cumplirla»

Ayer martes, preguntado por este diario, Josep Bargalló (ERC), consejero de Enseñanza de la Generalitat, se mostró a favor de la reforma de Celaá, y añadió: «El tema lingüístico no nos afecta porque la ley Wert no se aplicó en Cataluña, ni teníamos intención de cumplirla. Tampoco la cumplían otras comunidades en otros temas». El consejero confirmó, igualmente, que tenían conocimiento del borrador desde el viernes, cuando lo envió el Ministerio, y que ya han respondido con las alegaciones correspondientes en otros ámbitos más allá del lingüístico.

El borrador de la nueva norma reconoce, por un lado, que las administraciones deben velar para garantizar el dominio por parte de los alumnos de las lenguas que sean oficiales en su territorio y que «las administraciones educativas deben garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios». Sin embargo, deja el cumplimiento de este punto a merced de la buena voluntad de los gobiernos autonómicos.

Por otro lado, el texto da margen, sobre el papel, al igual que el proyecto de revisión del modelo lingüístico que presentó hace unos días Bargalló, para que, con el fin de garantizar la competencia lingüística, «los centros puedan impulsar la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

Tal como avanzó ABC, la Generalitat lleva años afirmando que en entornos de alumnos mayoritariamente catalanohablantes «los centros tienen la capacidad de reforzar el uso del castellano» en las aulas. Sin embargo, en la práctica, según denuncian asociaciones de profesores, «eso no sucede».

La reforma que propone el Ministerio ha causado indignación y desánimo entre las asociaciones que llevan años defendiendo el bilingüismo en Cataluña. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), asegura que si el borrador prospera, «se dejará el manejo de la educación en manos de unos golpistas para que vayan adoctrinando». Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Educación Bilingüe (AEB), mantiene la esperanza de que el proyecto de reforma de la ministra «no prospere» y subraya «sus efectos catastróficos» para la causa bilingüe. En el mismo sentido se pronunciaron Sonia Sierra (Cs) y Andrea Levy (PP).

País Vasco

En el ámbito lingüístico, la educación vasca se rige por sus propias normas. Los alumnos pueden escoger entre distintos modelos de enseñanza con mayor o menor presencia del castellano. El tipo A, por ejemplo, toma el español como lengua vehicular, mientras que el B iguala la proporción con el euskera. El más demandado, sin embargo, sigue siendo el modelo D, íntegramente en vasco, al cual se adscribió este curso el 76,84% de los estudiantes de primaria y el 70,28% de secundaria.

Según precisaron fuentes del departamento de Educación, nada parece indicar que la nueva Ley de Isabel Celaá vaya a deformar el panorama educativo del País Vasco. En este sentido, quisieron «recordar» que el territorio ya ofrece a las familias la posibilidad de estudiar en castellano o euskera con los actuales modelos lingüísticos.

En sintonía con la postura del Ejecutivo vasco, los sindicatos tampoco consideran que el proyecto de los socialistas vaya a afectar a la Comunidad Autónoma. Pablo García de Vicuña, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. auguró que la incidencia «va a ser prácticamente nula», pues «los padres tienen libertad» de elegir el modelo que más les interese.

Galicia

En las aulas de la Comunidad gallega, el equilibrio entre las lenguas cooficiales es matemático y ponderado. Así lo establece el decreto aprobado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en 2010, que estipula un reparto igualitario entre las materias que se imparten en todos los centros de Galicia, sean estos públicos, privados o concertados. Sobre la tercera lengua extranjera, lo que marca la ley gallega es que en los centros plurilingües este idioma (inglés por lo general) puede copar hasta un máximo del 30 por ciento de las asignaturas. Pero, remarcan desde el departamento de Educación, siempre respetando que el 60 por ciento restante se reparta «a medias» entre castellano y gallego.

La puesta en marcha de esta ley, que prima la equidad lingüística, desterró de los centros educativos de la Comunidad la norma que impuso el anterior Gobierno bipartito (PSOE y BNG) y que blindaba que al menos el 50 por ciento de las materias se impartiesen en gallego, dejando en manos de la directiva de cada centro elevar este porcentaje en detrimento del castellano. «Desde la implantación del decreto de 2010 no ha habido problemas en las aulas por el tema lingüístico» confirmaron a ABC fuentes de Educación, que también reconocieron que «no hemos recibido ninguna comunicación oficial» sobre las modificaciones que plantea la ministra del ramo.

«Lo único que podemos afirmar es que en Galicia no hay fricciones por esta cuestión y que el decreto por el que nos regimos favorece el aprendizaje de las dos lenguas en igualdad de condiciones y permite la enseñanza de una tercera hasta un 33 por ciento», concluyen.