Indignación en el sector educativo por la imposición de la Ley del Gobierno

Saltándose los plazos que el Ministerio de Educación había fijado para recibir las aportaciones del sector, que finalizaban hoy, y sin buscar el consenso ni el diálogo, la ministra Isabel Celaá ha dado la espalda al Pacto Por la E ducación y se ha lanzado a una vía unilateral para cambiar las reglas del sistema educativo.

El 26 de octubre colgó en su página web un documento de tres folios con las líneas generales de su oferta. El plazo para presentar alegaciones y propuestas era de diez días. Sin embargo, el jueves hizo público otro documento de 18 folios, sin esperar a recibir las aportaciones del sector.

Las críticas han sido muy duras. « Ataque frontal a la concertada», «inconstitucionalidad» de la propuesta de trasladar a las autonomías las competencias en lenguas cooficiales, «atrocidad y vulneración flagrante de las libertades educativas», «ausencia de memoria económica», « documento inasumible » e «impone una educación única y eso no se puede hacer en un Estado democrático», son algunos de los aspectos más cuestionados de este proyecto.

La Comunidad de Madrid ha advertido de que se pone en peligro el modelo bilingüe , al eliminar la posibilidad de contratar a profesores nativos por procedimientos diferentes a los ordinarios.

Las dos formaciones políticas que se han mostrado más críticas con la reforma socialista fueron el PP y Ciudadanos. El presidente de los populares, P ablo Casado , dejó ayer patente desde Jaén su «rechazo absoluto» a una reforma que se hace de «manera irresponsable». A su juicio, la oferta del Gobierno es la vuelta a un «modelo fracasado». Fuentes populares afirman que el documento del Gobierno es «inasumible», no es «un papel para el diálogo, sino para la confrontación». Además, critican que se recupere parte del modelo LOE, que derivó en «las cifras más altas de fracaso escolar y abandono educativo».

Por su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, calificó de «insulto a la comunidad educativa, a padres, maestros y niños» el documento. Recordó que fue Sánchez el que «dinamitó» el Pacto por la Educación porque no incorporaba el 5% del PIB para su financiación: «¿Donde está ese 5% del PIB que tanto reclamaba el PSOE? ¿Dónde está esa cifra con la que torticeramente se levantaron y dinamitaron el pacto educativo?».

Finalmente, denunció que se «venda a los nacionalistas la educación, dejándoles a su voluntad la regulación de las lenguas cooficiales y desprotegiendo a los estudiantes más vulnerables».

Ajena a estas críticas y al malestar que ha provocado esta propuesta, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , se descolgó ayer afirmando que ella ve «buenas condiciones para alcanzar una reforma educativa con «diálogo», contando con «todo el mundo», pero también con «una cierta rapidez». Calvo llegó incluso a fijar plazos, al subrayar que el objetivo es «llegar a final de año haciendo todo el trabajo de acuerdos».

Este pronunciamiento abona la tesis que sostienen fuentes parlamentarias de que el PSOE podría utilizar el trámite de urgencia para aprobar esta ley. El obstáculo a solventar es la mayoría absoluta, de 176 votos, que necesita para modificar los aspectos orgánicos de la ley.

Desde Cataluña, como era de prever, las cosas se ven de otra manera. A los independentistas les satisface la propuesta que prepara el Gobierno de Sánchez. «Es buena a grandes rasgos», valoró ayer el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló. Quiso dejar claro, eso sí, que hubiera preferido «derogar la Lomce que modificarla», aunque considera que con las modificaciones que están sobre la mesa «en la práctica es una derogación sin serlo».

Lo que Cataluña aplaude es la intención de los socialistas de eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial. Bargalló se congratula de que así «desaparecen las voluntades intervencionistas del Estado» en el modelo lingüístico y se vuelve a lo que ellos consideran normalidad. Porque para ellos, la Lomce era radicalmente recentralizadora y antipedagógicativo».

Algunos representantes del sector se sitúan al lado de la clase política en sus críticas al Gobierno. El presidente de la Concapa, Pedro Caballero , «lamenta profundamente que antes de terminar el plazo para presentar nuestras propuestas entreguen un documento. Esto pone de manifiesto que el trabajo que estábamos haciendo no le iba a s ervir para nada ». Caballero va más allá y califica el texto de «una atrocidad a la libertad de las familias y una vulneración flagrante de su libertad».

Desde el sector de los profesores, el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisedo, asegura que «no se pueden hacer reformas para el profesorado sin el profesorado» y recuerda que «si los cambios legislativos no vienen precedidos de un acuerdo de mínimos estarán abocados al fracaso ».

Por último, el sindicato CSIF alertó sobre la «inconstitucionalidad» de ceder las lenguas cooficiales a las regiones, según el presidente de la sección educativa, Mario Gutiérrez . Igualmente, denuncia la «manera poco profesional» sin contar con el sector, de presentar la propuesta.