Estas son las medidas más polémicas en materia social del Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias

En cuanto a la educación, se señala en el documento que la materia seguirá siendo voluntaria , no tendrá efectos académicos y, por primera vez, perderá su alternativa. Además, señala que «impedirán la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos» impidiendo a las familias elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos.

También se espera una persecución a la concertada a través del aseguramiento de que estos centros informarán a las familias de la voluntariedad de las cuotas.

La coalición PSOE-Podemos también tiene previsto legalizar la eutanasia. En su acuerdo de Gobierno, ambas formaciones políticas se comprometen a «dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida».

Para ello, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias proponen impulsar «una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)». Este «nuevo derecho» será una prioridad para el nuevo Gobierno.

Otra de las polémicas medidas que pretende poner en marcha el nuevo Gobierno de coalición es que las menores de edad puedan abortar sin contar con el consentimiento paterno. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es demasiado explícito sobre el tema, pero afirma que se « favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010».

Sin embargo, fuentes del Gobierno y de Podemos ya han confirmado que el Ejecutivo llevará adelante una reforma para que la «ley de plazos» de Zapatero vuelva a poner en vigor el aborto libre para las menores de edad sin el consentimiento paterno .

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura en junio de 2018 contra Mariano Rajoy, el Ministerio de Justicia ha estado trabajando en la elaboración de un listado sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia entre entre 1998 y 2015, en virtud de la conocida como «Ley Aznar».

La intención del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos es «hacer las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». Esa es la promesa del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.