Los errores de la «comisión Calvo»

Gloria Lora, experta medievalista de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, se muestra sorprendida de que el informe, firmado por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, asegure que no hay documentación histórica que avale la propiedad del monumento por parte de la Iglesia Católica. «¿Cómo que no hay?», se pregunta Lora tras explicar toda una serie de evidencias históricas que se remontan hasta prácticamente la toma de la ciudad por Fernando III. « La documentación del siglo XIII es clara y dice que el Cabildo es el dueño . Se sabe que no hay un documento escrito pero en la “Crónica de 20 reyes” se dice que el rey dio rentas a la Iglesia y el solar en que se asienta la Mezquita». También hay crónicas que avalan la propiedad del monumento desde el siglo XVI, cuando parte de la nobleza se opuso a la construcción del crucero de la Catedral para evitar la exhumación de familiares. Pero desde mucho antes, asegura la profesora, la Iglesia ya se había encargado de su gestión y «gracias a su cuidado, la Mezquita estaba indemne y los cordobeses estaban orgullosos».

Una opinión parecida tiene Serafín Fanjul, catedrático de Literatura Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid: «Desde 1238, casi desde la misma toma de la ciudad, se entrega la Mezquita a la Iglesia y allí se establece la sede episcopal ». Fanjul no se ahorra las críticas al informe y a sus autores. «Esto es una cosa estúpida. Me parece algo ridículo que no viene a cuento», aseguró a ABC Fanjul, quien además considera que «detrás hay intereses particulares para cobrar las entradas y hacerse con el control del monumento». Para Fanjul, «este informe está dentro de un conjunto de actividades políticas por parte del Gobierno socialista y los neocomunistas de Podemos para enfrentarse a la derecha. Dentro de ese conjunto hay que buscar motivos de movilización permanente, como Franco y los bienes eclesiásticos».

Las críticas también llegan desde el ámbito jurídico. José Luis Garrido, decano del Colegio de Abogados de Córdoba, entiende que « esto se tiene que tratar desde la perspectiva jurídica y el informe no la tiene . La posesión pacífica e ininterrumpida de la Iglesia es pública y evidente». Garrido considera que no debe ser el Ayuntamiento quien reclame la propiedad, tal como indica el informe, sino que en todo caso debería ser el propio Estado al tratarse de un bien público. «Es un debate estéril que ahora interesa sacar, pero no tiene sentido», concluye. El decano de los abogados considera el documento de la comisión de expertos como «un dislate, técnicamente hablando. Políticamente puede parecer mejor o peor que la Iglesia tenga la titularidad de un monumento de esta entidad, pero técnicamente no hay discusión».

Más duro se muestra el notario Rafael Díaz-Vieito, que apunta que el informe «no tiene la altura exigible mínimamente a un texto encargado por el Ayuntamiento. Los argumentos jurídicos son ínfimos y no los haría ni un estudiante de Derecho». Por ello, este notario apunta a un documento con una gran cantidad de errores que únicamente tienen como objetivo servir a una conclusión que ya estaba calculada de antemano: « Es un cúmulo de lugares comunes, inexactitudes, incoherencias y falsedades para llegar a una conclusión que estaba predeterminada ».

El informe « no hace referencia a leyes, a sucesivos actos de dominio por parte de las administraciones . La Iglesia es titular en el catastro desde hace 50 años». El texto presentado el sábado también elude pronunciarse sobre los informes previos de los servicios jurídicos municipales, lo que Díaz-Vieito atribuye «al desconocimiento y falta de preparación».