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La denuncia más complicada

La Policía trabaja con una unidad pionera en España para lograr que las víctimas de abuso sexual con discapacidad intelectual delaten a sus agresores. Toda una odisea

Sala donde prestan testimonio las presuntas víctimas. Dentro, solo un psicólogo escucha, con apoyo externo y siendo la sesión grabada para usarlo en la denuncia REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ RAMÓN LADRA

La Guardia Civil se personó hace cinco años en las instalaciones de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce para confesar cierta «impotencia» a la hora de abordar las decenas de casos con que se topan diariamente de personas víctimas de maltrato, abuso y agresiones sexuales y que tienen una discapacidad intelectual . Dicen las estadísticas que una de cada cuatro personas con discapacidad sufrirá en sus carnes uno de esos delitos, y que el 50% de los casos es violencia intrafamiliar. Así que hay que tomar constancia de que el denunciado por esa persona con discapacidad será en la mayoría de las ocasiones un padre, un hermano, un vecino... con las consecuencias que conlleva para su vida y más si el agredido es un menor.

«Una persona con esta discapacidad verbaliza las cosas, si puede hacerlo, de forma diferente, se identifica con el entrevistador y acaba dándole la razón, que repitan una y otra vez lo que les ha sucedido es una tarea complicada...». Así que no solo las fuerzas policiales se encontraban con una problemática «nueva», sino también las judiciales en pro de que el delito acabase siendo penado, desgrana el psicólogo Alberto Alemany , director de la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual (UAVDI) que alumbró en 2010 esta Fundación. «Además los agentes, si el denunciante no tiene síndrome de Down, no son muchas veces capaces de identificar que la persona que tienen enfrente tiene limitaciones y lo primero que piensan es que mienten», abunda.

400 casos en cinco años

Ayer y tras un lustro en el que un equipo de ocho personas ha formado a 300 agentes para tratar estas situaciones de forma eficiente, la sede de Madrid donde cohabitan unos mil alumnos y trabajadores con discapacidad recibieron la visita del secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez , que firmó un convenio para que continúe dicha colaboración de las fuerzas policiales con este recurso pionero en España de atención integral a víctimas de violencia con esta discapacidad. Hasta el momento, esa colaboración ha solventado 400 casos.

«Un pueblo entero sometió a un hombre durante años para obtener créditos bancarios»

«Los 400 casos son diferentes. Lo único común es que es todos tienen muchísimo dolor». Alemany habla queriendo disimular la emoción visible en su rostro. Se remueve en el asiento cuando recuerda el caso que desató que los agentes llegasen a esta Fundación, creada en 1948 por la bisabuela de la hoy directora, Almudena Martorell . «Una señora apareció en la plaza de un pueblo con sangrado vaginal y las vestimentas rasgadas. Y esta persona, como ocurre con muchas discapacidades, no utilizaba el lenguaje convencional, hubo que desarrollar un método de comunicación alternativo , a través de pictogramas, y también paseando por el pueblo, para que con sus gesticulaciones, recreación a través de dibujos y la identificación personal y apoyo fotográfico, se advirtiese que era un vecino del pueblo el que abusaba de ella. Hay que tener un conocimiento especializado para poder obtener un testimonio que valga ante el juez. Y además una persona con discapacidad abusada en su entorno con recurrencia desarrolla una sexualidad muy distorsionada», comenta Alemany.

Violados por sus compañeros

«El caso fue tremendo», recuerda Martorell, quien no olvida que la espita para crear esta unidad UAVDI fue que en su sede detectaban múltiples casos de abusos y agresiones sexuales entre compañeros de aula, o de los trabajadores de los cursos de formacion ocupacional. ¿Los indicios para saber que alguien está siendo sometido? «Desarrollan comportamientos anómalos. Algunos no quieren volver al aula, otros a casa, hay quien aparece con magulladuras repentinas..», desmenuza Alemany.

Ahí arranca una carrera contra el reloj. «Lograda la primera verbalización, es crucial poner todos los recursos en marcha y actuar rápido para activar el proceso judicial, porque si se vuelve al lugar del abuso, continuará», asevera el director. Por ello, en la sede de la Fundación, hay una sala diseñada para obtener los testimonios de víctimas. Los datos de la fundación avaln que el 71% de los casos serán mujeres. Dentro, trabajará un psicólogo con ellas. Con una cámara de grabación al otro lado del espejo, donde se coloca un segundo profesional, se filma la delación, que ya se usa como prueba prejudicial. Ocurrió en el caso de un hombre al que todo un pueblo usaba para obtener créditos bancarios y que acabó con su pensión y vivienda embargadas . Hasta dar con los huesos de los inductores del delito en la cárcel han tenido que pasar tres años.

Alberto Alemany es el director de la Unidad de Atención a Víctimas con Personas con Discapcidad Intelectual (UAVDI). A su lado, la directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, posan en las instalaciones en Madrid

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