Demanda colectiva de los celadores expulsados por el Gobierno balear por la exigencia del catalán

La 'bofetada' de la Administración pública se plasmó el pasado mes de noviembre cuando el Servicio balear de Salud (IB-Salut) decidió excluir de las listas de trabajo a unos 2.500 profesionales –entre ellos, Nico- por no acreditar el título A2 de conocimientos de lengua catalana. Muchos ya estaban dentro del bolsín y acumulaban años de trabajo. ¿Y ahora qué? «En unos meses, cuando se apruebe este corte del bolsín, todos a la calle y sin posibilidad de trabajar en la sanidad pública», resumen una treintena de afectados, que se han movilizado para presentar un contencioso contra el Ejecutivo de Armengol ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que piden la suspensión cautelar de esta medida.

La demanda, planteada por el despacho Florit Abogados, señala que el conocimiento del catalán «no puede ser causa de exclusión del procedimiento selectivo y menos aún en el caso del personal ya inscrito». «Genera inseguridad jurídica manifiesta a los afectados, en este caso excluidos de la lista única por la aplicación a posteriori y de manera rigorista de un requisito anteriormente no exigido o al menos suavizado en su aplicación o exigencia», argumenta el letrado Ernesto Florit, que no entra en la política lingüística sino que se centra en que esta bolsa de trabajo se abrió para actualizar méritos y para nuevas incorporaciones; sin embargo, «lo que sucedió, es que se echó a gente, que era algo no previsto. Ahí está el núcleo de la demanda».

El pasado verano, Salud convocó un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para que «se pudieran inscribir nuevos aspirantes y para que los candidatos inscritos pudieran incluir nuevos méritos», indicaba la convocatoria a la que se presentaron unos 7.000 aspirantes . En el mes de noviembre se publicó la resolución en la que se rechazó a 2.500 trabajadores, pese a que muchos de ellos ya estaban dentro de la bolsa de 2018 trabajando como interinos. «Nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Así nos pagan el esfuerzo de estos dos años de pandemia?», se lamenta Nico, que recuerda que entró en este bolsín en 2018 sin que le pidieran el catalán, pasando unos filtros y pagando una tasa, mientras e n otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía «apuntarse es gratis».

El caso de este celador del hospital palmesano de Son Llàtzer es dramático porque estaba el primero de la bolsa de trabajo con la máxima puntuación. Ahora, de golpe se queda fuera, con una hipoteca y una hija menor con una custodia compartida en Mallorca. Irse a la península a trabajar no es una opción por su situación familiar. «No sé qué voy a hacer. Sólo quiero trabajar», reclama desesperado.

David se plantea volver a su Salamanca natal. Más barato, salario similar y sin la imposición del catalán. Hace cálculos para salir de ésta ahora que acaba de ser padre: si junta el permiso de paternidad más el paro puede subsistir un tiempo mientras estudia catalán. Este celador afincado en Mallorca desde hace nueve años es otro de los 2.500 celadores expulsados por el catalán. Empezó hace tres como celador compaginando con otro empleo hasta que lo dejó para volcarse en el ámbito sanitario. Reconoce que él lleva relativamente poco en este sector pero otros compañeros acumulan más de una década de experiencia. No ve lógico que sean sustituidos por otros con cero puntos porque tienen el requisito lingüístico. «No hay título de catalán que supla tantos años de experiencia».

Nico y David cuentan que no han tenido problemas con el catalán en la sanidad, pese a que el sector catalanista está presionando para imponer la atención en esta lengua interponiendo denuncias a sanitarios por no hablar en catalán. «Más allá de la política lingüística del Govern, la realidad en los hospitales es distinta. El 70% somos trabajadores de la península castellanohablantes y nos hacemos entender en el idioma que sea», afirma David, que defiende que el catalán sea un mérito y no un requisito para trabajar en la sanidad pública.

Más aún durante la pandemia, cuando ha sido más difícil estudiar catalán. Los cursos se paralizaron y la carga de trabajo en los hospitales ha dejado al personal exhausto. Aun así, muchos no han parado de intentarlo pero «aprobar no es tan fácil», avisan. Este fin de semana, David volvió a presentarse al examen de catalán. «En principio, nos piden un A2, que es un nivel básico, pero hay que sacar un siete para superarlo. Encima no hacen nota media de la parte teórica y de la práctica como en otros sitios, con lo cual siempre hay un alto porcentaje de suspensos».

«Exigen un nivel superfluido y alto que, además, no necesitamos para nuestro día a día», sostiene este trabajador, que tampoco ve lógico que Salud pida a un celador un título de catalán mientras a las enfermeras o médicos se les exime, cuenta en alusión a la última convocatoria del 11 de enero para un bolsín de enfermería que permitía presentarse a las plazas con la condición de que acreditaran el catalán con posterioridad. «Es un doble rasero que genera indefensión», denuncian los celadores, que recuerdan que tienen menos contacto con el paciente que el médico o la enfermera. «Les saludamos, nos presentamos y les decimos que vamos a llevarlos a hacerles un TAC o donde sea, poco más; en cambio, un médico o una enfermera tienen que explicar la medicación o el tratamiento y preguntar por las dolencias».

El abogado Ernesto Florit argumenta en la demanda de esta treintena de celadores que excepcionar del conocimiento de catalán a las enfermeras «es un agravio y una discriminación » y «se crea un espacio de confusión con esta exclusión». Mientras, Salud se justifica en la escasez de profesionales en la enfermería para hacerlo, a la vez que considera que el colectivo de celadores es suficiente para cubrir las vacantes. Los celadores lo desmienten: «Vamos justos de personal, por mucho que digan. A mitad de enero ya estaban dando plazas a gente con cero puntos, es decir, gente sin cursos de formación y que está aprendiendo sobre la marcha, lo que supone que en breve se agotarán los aspirantes. Imagínate si encima quitan a 2.500 trabajadores disponibles lo que va a pasar...».

David cree que pronto Salud tendrá que crear una bolsa subsidiaria para encontrar celadores, pero avisa de que ésta «tiene trampa , ya que no está bien regulada y a veces hacen cortes por apellido en vez de contratar por orden de puntuación, lo cual facilita los contratos a dedo».

El sindicato CSIF también presentó unas alegaciones a la lista de excluidos, y un recurso de reposición. A la espera de que Salud «recapacite», se plantea una demanda por la vía judicial de otros 50 celadores que ya se han puesto en contacto con la organización sindical con la intención de ir a los tribunales. CSIF apoya públicamente la demanda de los celadores y reivindica que el catalán sea un mérito y no un requisito en la sanidad pública.

Su portavoz, Luis Apolinar , recalca que en la convocatoria original de 2018 los celadores no tenían requisito del catalán y se les «chantajeaba lingüísticamente» para sacárselo en diferido. «Entraron en esas condiciones y ahora, sobre la marcha, no pueden cambiar los criterios e imponer el requisito, ni mucho menos sacar a gente que ya estaba dentro de la bolsa. Nuestra secretaria judicial dice que esto es inadmisible», argumenta Apolinar, que afirma que «la gente se lo quiere sacar pero no es tan fácil, el IB-Salut no facilita nada y que se imponga a la fuerza tampoco es el camino». Cuenta que para colmo hay trabajadores ibicencos que hablan el idioma perfectamente y también han sido rechazados porque no tienen el título.

Por su parte, el sindicato USAE reconoce que en estos momentos no hay déficit de celadores pero si se eliminan estos 2.500 de la lista, cree que «el IB-Salut podría tener un problema para encontrar trabajadores». Califica de «dramática» la escasez de personal en Baleares, y en concreto en Ibiza donde «el pasado verano ya tuvieron que traer a 50 empleados de la península y eximirlos del catalán».

El Sindicato Médico de Baleares lleva tiempo defendiendo que el catalán sea un mérito y no un requisito, «más aún en el actual contexto en el que faltan 800 médicos, 70 de ellos en Ibiza», y en el que la exigencia del catalán «supone un factor disuasorio para captar y fidelizar a profesionales de la salud».

La exigencia de conocimientos de catalán en la Administración balear está en vigor desde 2015 cuando el autoproclamado Pacto de Progreso -formado por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més- modificó la Ley de Función Pública para que el catalán fuera un requisito, en vez de un mérito como sucedía en la legislatura anterior del PP de José Ramón Bauzá . La nueva ley establecía excepciones, principalmente para contratar en la sanidad pública en caso de no tener suficiente personal, como ocurre de forma reiterada con los médicos y enfermeras.

La presión de los socios ecosoberanistas forzó a Armengol a aprobar un decreto específico para regular la exigencia del catalán del personal sanitario. Esta medida provocó una fuga de sanitarios a la península y un rechazo social que forzó a Armengol a rebajar los niveles de catalán exigidos a cada categoría profesional y otorgar un plazo de dos años para sacarse el título. Se acordó también que ningún sanitario sería inadmitido por el requisito, aunque si no lo acreditaba en 24 meses, se le penalizaría sin derecho a traslados ni cobraría la carrera profesional.

Contra este decreto se pusieron dos recursos y los tribunales se pronunciaron recientemente anulando esta moratoria de dos años. Esta situación ha provocado un guirigay difícil de gestionar para el Servicio de Salud, que tiene que hacer continuos llamamientos laborales a profesionales de la península y crear bolsines subsidiarios porque la bolsa única de empleo se agota enseguida, mientras sigue exigiendo el requisito por imperativo político.

«Cuando el catalán pasó a ser requisito fui a reclamar a UGT, sindicato al que estaba afiliado, y me respondieron: ‘aquí habrá gente que saldrá beneficiada y otra perjudicada, nosotros nos mantenemos al margen’. Me di de baja », cuenta Nico decepcionado con su sindicato. «Pienso que todo sindicato que no esté financiado sólo con sus afiliados y que recibe dinero directo público, no defiende a los trabajadores y es parte de la administración. Y veo la diferencia con Satse (Enfermería) y Simebal (Médicos), que sí luchan por sus trabajadores».

La falta de profesionales está parcheándose con contratos eventuales en los que, paradójicamente, no se exige el catalán al considerar que las necesidades sobrevenidas están por encima del requisito lingüístico. Y mientras tanto, el enfado y el hartazgo de los profesionales son generalizados porque cada verano se les amenaza con dejarles sin vacaciones ante la falta de sustitutos.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión política de expedientar a todos los sanitarios denunciados por motivos lingüísticos. La Consejería de Salud investigó a una doctora del centro de salud palmesano de Son Pisá, denunciada por «no querer entender el catalán» y certificó que actuó correctamente, tal y como desveló este periódico. Sin embargo, poco después, la presidenta Armengol en persona desautorizó al departamento de Salud, dirigido por sus compañeros de partido, y se alineó con sus socios nacionalistas al reabrir el expediente y enviarlo a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, controlada por miembros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La incertidumbre es máxima. Algunos celadores siguen con sus trabajos pero cuando el bolsín se actualice perderán su empleo en la sanidad pública balear o la posibilidad de tenerlo . David se resigna: «Si sale mal la demanda, me iré con una mano delante y otra detrás a mi tierra; y a Mallorca volveré solo de vacaciones».