Los datos de la mortalidad en España, según Sánchez, son «complementarios y no contradictorios» 

Pero entre los 27.136 fallecidos cuantificados en España por coronavirus desde que estalló la crisis en marzo (que ayer publicó el departamento de Salvador Illa) y los 43.000 de largo que ya han acreditado organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el sistema de Monitorización de la Mortalidad (MOMO) del Instituto de Salud de Carlos III (ISCIII), media algo más que una contradicción. A juicio de Sánchez, la publicación diaria de estos datos justifica la «transparencia» del Gobierno durante la emergencia sanitaria. Además, el jefe del Ejecutivo afirmó ayer que las cifras que dio a conocer tanto el ISCIII como el INE son «datos parciales, no homogéneos», por lo que «es difícil poder compararlos unos con otros». Por tanto, para el dirigente socialista es «parcial» el cómputo que brindó a finales de mayo el sistema MOMO y que se basa en los datos que se computan en los registros civiles, después de que los familiares pidan la licencia de defunción de sus parientes.

«Los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren de un proceso estadístico de modelización de mortalidad esperada, una predicción», se explayó Sánchez, e insistió en que las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad se contabilizan en base a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que son las comunidades las que trasladan esas cifras. Hace unos días, la propia OMS elevó la mortalidad en España a casi 30.000 muertos, pero en el transcurso de esa misma jornada se corrigió y redujo la cuantía a 27.940, 804 muertos más que las que da el Gobierno español.

La mayoría de los integrantes de estas listas negras -al menos 19.400, aunque tampoco hay un registro transparente- murieron en residencias de ancianos, epicentro de la polémica en los últimos días tras darse a conocer que existían órdenes de cribado y triaje de los ancianos enfermos, para no derivarlos a los hospitales desde los geriátricos por el colapso que estaban sufriendo los centros sanitarios. A pesar de que fueron los propios médicos de UCI de hospitales toda España y propietarios de las residencias quienes ya alertaron de la existencia de estas órdenes, que se han concebido como una suerte de «selección natural» darwiniana y medicina de guerra aplicada en la catástrofe, la controversia ha puesto en el punto de mira la gestión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a su titular, Enrique Ruiz Escudero, quien plasmó esas instrucciones en un primer protocolo de actuación.

El jefe del Ejecutivo no entró ayer en esta contienda política con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y señaló que «habrá que hacer un examen de conciencia colectivo» con lo que sucedió, allá por los meses de marzo y abril, con los ancianos residentes en estos centros, donde se alojan casi 390.000 personas en este país. Sánchez admitió la «fragilidad preocupante» que esta pandemia ha demostrado en lo referido al cuidado a los mayores. «Se impone una mejora, dentro del respeto al marco competencial autonómico, pues son ellas las que gestionan esta política, pero pensando sobre todo y por encima de todo en las personas», dijo.

En cambio, sí se revolvió contra los «ajustes» aplicados por gobiernos anteriores y criticó las «heridas que dejaron los recortes practicados en fechas todavía recientes», para después ensalzar que «cuando se inyectan recursos al sistema sanitario tiene capacidad de respuesta inmediata».

El presidente se enfundó en un tono paternalista para dirigirse a los jóvenes que se reúnen en botellones o en fiestas en los últimos días , aprovechando la relajación de las medidas estrictas que ha facilitado el desconfinamiento y les advirtió de que «la segunda ola no es un invento ». «Se lo suplico -se dirigió a los espectadores a través de la televisión, no minusvaloren el virus, sigue amenazando y, mientras eso ocurra, la vida no volverá a ser como antes. Háganlo por sus padres, sus abuelos. Háganlo por ustedes mismos, pero también por todos los demás», afirmó el presidente.

Mañana el Consejo de Ministros aprobará una norma que regule las nuevas reglas que regirán pasado el rubicón de la desescalada. Dicha normativa tendrá dos frentes, uno de cuidado personal e individual con medidas de higiene pública y otro de prevención. Este segundo supondrá la garantía del abastecimiento de medicamentos esenciales para hacer frente al virus. Asimismo, todos los centros de salud harán una prueba diagnóstica con PCR a todo caso sospechoso de Covid-19. También habrá nuevas medidas como la distancia en los centros de trabajo, así como el uso obligatorio de mascarillas para las personas mayores de 6 años.