Luz verde a las «pólizas» sanitarias para inmigrantes irregulares, europeos y rentistas

Esta suerte de «póliza» sanitaria pública permitirá a los rentistas mayores de 26 años y con ingresos superiores a 100.000 euros al año, europeos con casa en España y a los inmigrantes irregulares, a los que se retiró la tarjeta el pasado 1 de septiembre, acceder a la cartera básica de servicios previo pago de una cuota de 59,20 euros al mes hasta los 65 años (710,40 euros año) y 155,40 euros mensuales (1864,80 euros anuales) para los mayores de esa edad. El convenio, sin embargo, no incluye el copago de medicamentos.

«Es un pago razonable para acceder a todas las prestaciones del sistema nacional de salud y evitar que se produzca un efecto llamada», ha asegurado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz , en una rueda de prensa posterior a la reunión. «No se va a dejar a nadie sin atender, seguiremos dando cobertura buscando fórmulas según los recursos y la disponibilidad de cada comunidad autónoma», ha señalado el consejero manchego, que ha ejercido de portavoz, ya que, de forma inusual, la ministra del ramo, Ana Mato, no ha hecho declaraciones al término, lo que ha provocado gran malestar entre los periodistas.

Este convenio supondrá un marco general de mínimos, ya que las regiones podrán aumentar la cuota si así lo deciden. Por su parte, las comunidades gobernadas por el PSOE han insistido en que mantendrán la atención grauita a los «sin papeles». En el caso de Andalucía, la consejera de Salud, María Jesús Montero , ya ha adelantado que en su comunidad «está garantizada la gratuidad sanitaria» para este colectivo.

El convenio establece, además, un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.