Así lo han explicado este martes de forma conjunta los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades. «Se pide algo sencillo de entender, como es una mesa de trabajo y la retirada del proyecto de orden ministerial », ha dicho el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha criticado que «no se puede poner en el Boletín Oficial del Estado (BOE)» la orden «y luego querer hablar».
Estas comunidades albergan el 95% de las poblaciones del cánido en España y han recibido con preocupación el aviso de Transición Ecológica de que prohibirá la caza del lobo en toda España, a más tardar,
el 25 de septiembre de este año , haya o no consenso sobre la estrategia de gestión de la especie. Por ello, las cuatro comunidades insisten una vez más, y tras meses de enfrentamiento, en la necesidad de respetar el consenso y de sumar al diálogo a las organizaciones agrarias y al Ministerio de Agricultura. También reclaman la necesidad de actualizar el censo nacional del lobo y de que la estrategia «se avance de abajo a arriba y no a la inversa».
Una estrategia al margen
Pero en caso de no ser escuchados, las comunidades loberas han decidido plantar cara al Gobierno . Y avisan: si el 15 de junio el Transición Ecológica no ha retirado la orden ministerial por la que se veta la caza del lobo, coordinarán sus censos para desarrollar uno nacional y elaborarán s u propia estrategia nacional de gestión del lobo, al margen de la del Ministerio, que elevarán a la conferencial sectorial.
Además, presentará un recurso contencioso administrativo ante el Supremo y pedirán medidas cautelarísimas hasta que haya una sentencia firme. «Con ello se defiende el territorio y la ganadería extensiva como medio para la pervivencia del medio rural», ha dicho Suárez-Quiñones.
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