Ciudadanos exige una ley de protección de la infancia tras los casos de explotación sexual a menores tutelados

La portavoz de Cs en la Cámara Baja, Inés Arrimadas , criticó ayer en el Congreso a la ministra de Educación, Isabel Celaá , por su silencio tras las «escalofriantes informaciones» sobre la prostitución de menores tutelados dependientes del Consejo de Mallorca . Sus reproches no quedarán en papel mojado y Cs obligará al Ejecutivo a responder a una problemática ante la que de momento no se ha puesto sobre la mesa ninguna solución.

«En Baleares tenemos datos e informaciones escalofriantes de explotación sexual de menores tutelados por la administración. Ahí no dicen nada. No he escuchado nada a la señora Celaá», lamentó Arrimadas, que contrapuso la falta de iniciativa del Ejecutivo ante esta situación con la beligerancia que mantiene con el pin parental .

Cs ya anunció ayer por la mañana la petición de crear una subcomisión en el Congreso para debatir un pacto de Estado educativo , pero con estas dos iniciativas trata de trasladar el debate público hacia una situación dramática para los menores que sufren estos abusos.

En concreto, Cs registra una batería de preguntas para las que solicita respuesta por escrito al Gobierno y, además, una proposición no de ley —iniciativa no vinculante, pero que supone una declaración de intenciones al Ejecutivo emanada desde las Cortes—. Esta segunda es en la que los liberales instan al Gabinete de Pedro Sánchez a presentar ante la Cámara un proyecto de ley de protección integral de la infancia.

En la exposición de motivos de ambas iniciativas, a las que ha tenido acceso este diario, Cs se hace eco de la presunta agresión sexual grupal a una menor en Palma entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. La menor y muchos de los presuntos agresores residen en centros tutelados en la isla de Mallorca.

El caso ha desenterrado el de otros menores dependientes del Consejo de Mallorca que han sufrido abusos y agresiones sexuales. La Policía Nacional y la Guardia Civil han confirmado «casos de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consejo de Mallorca».

Pero Cs no se queda ahí y recoge también la opinión de varios educadores que, estos días, han denunciado que la «prostitución de las niñas acogidas en estos centros de la isla está totalmente extendida». En algunos casos, según el testimonio de algunos trabajadores de estos centros, «afecta a la práctica totalidad de las menores ingresadas».

Los escritos registrados en la Mesa del Congreso por Arrimadas, Sara Giménez y Pablo Cambronero sostienen que existen informes de hace más de tres años en los que ya se alertaba de estos abusos. Ni el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales , ni el Consejo de Mallorca ni la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno balear , hasta ahora, han adoptado medidas para ponerles freno. Tanto el Consejo mallorquín como el Govern los dirigen el PSOE , Podemos y formaciones nacionalistas.

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, tras aparecer estas noticias en la prensa, terminó reconociendo al menos dieciséis casos de explotación sexual infantil: quince niñas y un niño. Cs, para que el Gobierno no esquive la gravedad del asunto, ha trasladado su proposición no de ley tanto al pleno del Congreso como a la Comisión de Educación .

El partido reclama una ley que asegure la protección y asistencia a todos los menores víctimas de todo tipo de violencia, y exige unas disposiciones específicas para garantizar la atención de los menores tutelados en centros de responsabilidad pública.

Asimismo, Cs insta al Gobierno: a revisar los protocolos de prevención, detección y actuación en casos de abuso, agresión o explotación sexual de menores tutelados; y a impulsar la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con las autoridades competentes, para esclarecer los casos de los menores dependientes del Consejo de Mallorca.

Los diputados de Cs, en la batería de preguntas formuladas al Ejecutivo, cuestionan qué conocimiento tenía el Gobierno sobre lo sucedido, qué actuaciones están efectuando las autoridades competentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuáles son los protocolos existentes y si se están aplicando, cuándo piensa presentar una ley de protección integral a los menores y si ese proyecto aceptará las disposiciones específicas sobre la violencia contra los menores tutelados.