El uso del castellano en Cataluña deja en suspenso el Pacto por la Educación

El mensaje fue claro y nítido: Ciudadanos no firmará el Pacto por la Educación si el Gobierno no garantiza la escolarización en castellano e n Cataluña. El desafío lo lanzó primera el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta , en la pregunta que le realizó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Minutos después, en los pasillos de la Cámara Baja, fue el propio Albert Rivera el que insistió en la amenaza.

Girauta abrió el fuego en el salón plenario: «No piensen, ni por un solo instante, que sin la Alta Inspección Lingüística y sin el castellano como l engua vehicula r en toda España, van a tener un pacto nacional por la educación». Rivera remató afirmando que, «si se incorpora la Alta Inspección y también el inglés como lengua vehicular en el futuro, apoyaremos ese pacto. Pero si el gobierno pretende rebajar esto pactando con los nacionalistas y el PSOE, para que eso no pase, Ciudadanos no estará en el pacto educativo».

Méndez de Vigo se revolvió ante la amenaza de Ciudadanos y, en una dura réplica, lo acusó de no « hacer absolutamente nada más que tuitear y criticar», porque no presentan propuestas en el Parlamento de Cataluña. El ministro les instó a llevar sus propuestas al Pacto por la Educación.

Mientras Ciudadanos mete presión al Gobierno, éste tiene un mes de plazo para decidir la fórmula que planteará para hacer cumplir las sentencias judiciales. Unos pronunciamientos que obligan a la Generalitat, actualmente bajo la tutela del Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución , a garantizar el 25% de la escolarización en castellano para los padres que así lo soliciten.

Desde Ciudadanos se afirma que sería ridículo llevar al pacto esta propuesta, ya que entienden que el ministro lo que tienen que hacer es «cumplir la ley y no le vamos a decir cómo tiene que ejercer su labor de ministro».

El Gobierno pide, mientras tanto, paciencia, ya que los servicios jurídicos tendrán que analizar la sentencia del TC y la nueva propuesta que haga el Gobierno para garantizar el uso del castellano. Fuentes gubernamentales aseguran que, en los próximos días, se conocerán las consecuencias de la sentencia.