Casi el 90% de los opositores del Servicio de Salud de Baleares optan por examinarse en castellano

Cabe recordar que el Servicio de Salud de Baleares tiene previsto ofertar un total de 4.658 plazas en las oposiciones que se celebrarán entre 2018 y 2019 para cubrir distintos puestos en todas las categorías profesionales. En ese contexto, el pasado mes de octubre realizaron ya las primeras pruebas los aspirantes a trabajar como técnicos especialistas en radiodiagnóstico, radioterapia, laboratorio o anatomía patológica. En noviembre se examinaron, por su parte, los profesionales que optan a una plaza en los servicios de pediatría, urgencias y médicos de familia . Por último, a principios de este mes de diciembre han concurrido a las pruebas los aspirantes a trabajar como auxiliares de enfermería. En todas las categorías, sin excepción, han sido muchos más los opositores que se han examinado en castellano que en catalán.

En las próximas semanas se llevarán a cabo las pruebas previstas por el IB-Salud en otras categorías profesionales , en donde se da ya prácticamente como seguro que se seguirá con la actual dinámica de que sean muchos más los aspirantes que se examinen en castellano que en catalán. Entre los primeros se encontrarían, además, no sólo médicos y enfermeros procedentes de la Península, sino también profesionales sanitarios residentes o nacidos en Baleares.

Las oposiciones en el Servicio de Salud han podido ser finalmente convocadas después de que el pasado 23 de marzo el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol hubiera aprobado el decreto que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña a partir de ahora. El citado decreto establece, en su versión definitiva, que se podrá presentar ahora a las oposiciones convocadas por el IB-Salud cualquier profesional sanitario, aunque no tenga aún la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Esa regla vale también para los celadores, aunque en sentido estricto no pertenezcan realmente al ámbito sanitario.

El nivel de conocimiento del catalán fijado en marzo por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos fue el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores fue el A2 o básico. El mencionado decreto estableció que la preceptiva titulación lingüística exigida podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que ahora supere las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponda, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional . Esas dos penalizaciones laborales han sido especialmente criticadas por quienes cuestionan o se oponen al decreto del catalán, al entender que podrían vulnerar la ley.

La nueva norma suscitó meses atrás, de hecho, una gran controversia. Así, provocó el rechazo del PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares, CSIF, diversas asociaciones de pacientes y la plataforma ciudadana Mos Movem, al considerar que dificultaba la posible llegada de profesionales desde la Península y que ello podía repercutir en la calidad asistencial. Además, una veintena de especialistas médicos abandonaron Baleares por su desacuerdo con la nueva norma lingüística. Por otra parte, desde entidades próximas al independentismo, como la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, se criticó a Armengol por haber decidido finalmente no aprobar el primer borrador del decreto, que exigía el idioma cooficial como requisito para poder presentarse a las oposiciones y un nivel B2 —intermedio— para médicos y enfermeros.